La Sindicatura de Cuentas ha detectado irregularidades en la actuación de la entidad pública gestora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) en relación a sendos contratos firmados con Deloitte y con Parques Reunidos, tal y como recoge en su informe anual de fiscalización de las cuentas del sector público valenciano, que ha entregado esta mañana en Las Cortes autonómicas. En el primer caso, el organismo fiscalizador ha anunciado que denunciará al Tribunal de Cuentas presuntos indicios de "responsabilidad contable" derivada del contrato firmado por Cacsa con Deloitte para recibir asesoramiento en el proceso de externalización de la gestión de sus diferentes unidades de negocio (el Museo Príncipe Felipe, l'Hemisferic, el Ágora y L'Oceanogràfic).
En concreto, el informe alerta de que la sociedad pública abonó la totalidad del importe de un primer contrato (firmado por 42.000 euros más IVA), a pesar de que no se habían recibido todos los servicios acordados. La Sindicatura estima en unos 10.500 euros el coste de los puntos del contrato que se habrían incumplido, por lo que el pago "no puede considerarse procedente".
Posteriormente, firmaron una ampliación del contrato, por 21.000 euros más IVA, pese a que parte de los servicios, según la Sindicatura, estaban recogidos en el acuerdo anterior, "sin que esta circunstancia determinara que se rebajara el precio contractual en la parte correspondiente". La Sindicatura critica que estos contratos se negociaron directamente, sin concurso público.
La Sindicatura y el Tribunal de Cuentas firmaron un protocolo de actuación ante presuntas irregularidades que pudiese detectar el organismo fiscalizador. El síndico mayor, Rafael Vicente Queralt, explica que posible responsabilidad contable derivada del contrato entre Cacsa y Deloitte es la única detectada en el proceso de supervisión de las cuentas del año 2014.
Incumplimientos en L'Oceanogràfic
En cuanto a la relación con Parques Reunidos, gestor del Oceanogràfic entre 2002 y 2014, la Sindicatura detecta una "falta de diligencia" por parte de Cacsa, ante los incumplimientos reiterados del contrato por parte del operador desde el inicio del periodo de vigencia. Se refiere tanto a servicios y contenidos, como al mantenimiento de las instalaciones. El conflicto entre ambas partes estalló en 2013, con demandas cruzadas en los juzgados. La Generalitat reclama 40 millones a Parques Reunidos por daños y perjuicios. La Sindicatura cifra en 5,6 millones el coste por el deterioro del inmovilizado del Oceànografic.
Por otro lado, el síndico mayor, Rafael Vicente Queralt, urgió a abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, para "evitar tensiones de tesorería", pese a "los esfuerzos por contener costes y la relativa estabilidad en ingresos".
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