El Síndic Major de Comptes, Rafael Vicente Queral, ha entregado hoy al presidente de Las Cortes valencianas, Enric Morera, al conseller de Hacienda, Vicent Soler, y a representantes de los cinco partidos políticos con presencia en la cámara autonómica el 'Informe de Fiscalización del Sector Público Autonómico' correspondiente al ejercicio 2014. Se contempla la gestión de la Administración de la Generalitat, de entidades autónomas, de empresas públicas, de fundaciones públicas y de consorcios, con un presupuesto total de 18.113,2 millones de euros. Del mismo modo, incluye la revisión de las subvenciones, con una muestra representativa que suma unas obligaciones de 116,2 millones de euros.
El informe concluye que "la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2014 se presenta, en general, de acuerdo con los principios contables y con la normativa legal que son de aplicación, con las salvedades y excepciones que aparecen convenientemente detalladas en las conclusiones de los diferentes informes individuales de fiscalización del sector público autonómico".
Las principales conclusiones y salvedades sobre la situación financiera realizadas por la Sindicatura de Cuentas son:
a) No ha sido posible verificar el saldo del inmovilizado del balance a 31 de diciembre de 2014, que asciende a 18.610,9 millones de euros, ni su impacto en la cuenta del resultado económico-patrimonial. Esto es debido a que la contabilización de los colegios y sus equipamientos, construidos por la empresa pública Ciegsa no ha sido adecuada, estando infravaloradas las cuentas 'Otro inmovilizado material', en 2.148,0 millones, y 'Resultados de ejercicios anteriores', en 2.378,6 millones de euros. Asimismo, los 'Resultados del ejercicio' deberían recoger un menor ingreso por importe de 230,6 millones de euros.
b) Las cuentas no recogen 148,5 millones de euros de estimación adicional de los intereses de demora devengados al cierre del ejercicio 2014.
c) La contabilización de los convenios con Feria Valencia y con las universidades públicas supondría un pasivo adicional de 767,9 millones de euros.
d) El epígrafe 'Acreedores no presupuestarios' del balance, recoge 432,9 millones de euros correspondientes a 'Convenios deuda sanitaria' que deberían reclasificarse a cuentas a largo y corto plazo con entidades de crédito. También debería reclasificarse a largo plazo el saldo de la cuentas 'Convenios con universidades públicas', por importe de 388,6 millones.
e) Dentro del epígrafe 'Acreedores presupuestarios' del pasivo del balance figura la cuenta 409 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto', con un saldo a 31 de diciembre de 1.291,8 millones de euros. De la cantidad anterior 659,3 millones corresponden a la Conselleria de Sanidad y 193,4 millones son ayudas concedidas al amparo del Plan de Vivienda. Si estas obligaciones se hubieran aplicado a los presupuestos de los ejercicios en que se contrajeron, el resultado presupuestario del ejercicio 2014 disminuiría su saldo negativo en 647,6 millones de euros.
f) La memoria de la Cuenta de la Administración es excesivamente extensa debido a que incluye información muy detallada sobre asuntos de escasa importancia relativa y, sin embargo, debería completarse con información sobre otros aspectos.
g) Contrato de reafianzamiento con la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR). Las obligaciones de pago derivadas de las operaciones fallidas de este contrato con la SGR no implican el reconocimiento de un activo para la Generalitat, sino que representan un gasto o pérdida que debe contabilizarse en la cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio en que se devengan e imputarse al presupuesto cuando sean exigibles. Así, el saldo de 118,3 de la cuenta 'Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo' debería darse de baja y pasar 109 millones a gastos de 2014 y los restantes 9,3 millones a resultados negativos de ejercicios anteriores.
h) Están en trámite o pendientes de aprobación 26 liquidaciones anuales de cinco contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio de asistencia sanitaria integral. Al no conocerse los importes definitivos de dichas liquidaciones, no es posible determinar los efectos que tendría su adecuado reflejo contable sobre la Cuenta de la Administración.
i) En 2014, se han reconocido derechos netos por 132,3 millones del 'Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito', tributo autonómico que fue anulado por los tribunales. La Sindicatura considera que dichos derechos no debieron ser contabilizados. En el año 2015, se han anulado los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados.
j) La provisión para insolvencias debería incrementarse en 282,2 millones para cubrir la totalidad de los derechos que se estiman de dudoso cobro.
k) La Sindicatura cuestiona el uso de la caja fija para la compra de medicamentos y material sanitario, sin aplicar la correspondiente apertura de concurso público.
l) El volumen de créditos dudos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) debería elevarse, en opinión de la Sindicatura, hasta los 9,67 millones de euros, un millón más de lo contabilizado oficialmente.
