Valencia
El comité ejecutivo y la junta directiva de la patronal autonómica valenciana CEV han acordado pedir al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto del Patrimonio.
Una medida similar a la que ya anunció la patronal catalana Foment del Treball hace unos días y que se basa en argumentos muy similares por las que se justificó entonces.
Para la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) que preside Salvador Navarroo se trata de un impuesto "desfasado en el tiempo, único en su modo a nivel europeo, y confiscatorio en su efecto".
La patronal valenciana ya había presentado este año un informe titulado "Propuestas para una fiscalidad más competitiva" en el que abogaba por la eliminación de este impuesto para que el tributo nunca tenga el carácter de confiscatorio. Según los empresarios valencianos, la tarifa del impuesto en ocasiones es superior a la rentabilidad del propio activo, por lo que el tributo resulta confiscatorio y, por tanto, "de dudosa constitucionalidad".
IVA a las bebidas azucaradas
El último comité ejecutivo del año también ha querido mostrar la preocupación de las empresas valencianas, especialmente del sector agroalimentario, por el incremento del gravamen del 10 al 21% a las bebidas azucaradas y edulcoradas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2021.
Según sus datos, en el conjunto estatal la facturación podría caer entre 119 y 370 millones de euros y se podrían destruir entre 2.000 y 6.000 empleos por el incremento del IVA a estos productos.
"La regresividad de este tipo de impuestos provocaría que los hogares con el nivel socioeconómico más bajo, cerca de 4,7 millones, aporten a la recaudación del impuesto hasta un 22% más de lo que les correspondería según su contribución a la renta nacional" señala en su comunicado CEV.
Despidos de la patronal extinguida
El presidente de la CEV también informó acerca de la sentencia del Tribunal Supremo que, con fecha de 17 de noviembre, declara la inadmisión del recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de fecha 8 de mayo de 2019.
Esa sentencia exoneraba a la CEV de cualquier responsabilidad frente a los despidos de personal de la anterior confederación autonómica que fue liquidada al considerar que no existía sucesión de empresas entre ambas.
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