Valencia
Poco se parece Ximo Puig al presidente que iniciaba hace cuatro años su primera legislatura. En 2015 accedió al poder tras las pancartas de la honestidad, el "no a les retallades" y la férrea reivindicación de una financiación justa para la Comunitat Valenciana, unos valores de los que no puede presumir demasiado recientemente. Su segundo mandato ha comenzado con una quita pública que beneficia a su actividad privada, el reconocimiento de que tendrá que aplicar recortes millonarios a los valencianos y duras críticas de aliados y contrincantes por su tibieza ante el Gobierno socialista de Pedro Sánchez.
Los dos últimos asuntos van unidos, porque los recortes a los que va a hacer frente la Generalitat en el presente ejercicio se producirán por la caída de los presupuestos de Sánchez, la falta de liquidez que ha sufrido la autonomía y, por supuesto, el atasco en la mejora de la financiación valenciana durante la era Sánchez, que encuentra en Puig a un presidente poco reivindicativo -a juicio tanto de la oposición como de integrantes de Compromís y Podem, sus propios aliados-.
El socialista aprovechó la calma del pasado mes de agosto para reconocer la evidencia: al Gobierno Valenciano, que elaboró sus presupuestos en base al generoso anteproyecto de las cuentas de Sánchez -rechazado a mediados de febrero en el Congreso- no le salían los números al prorrogarse finalmente el presupuesto estatal heredado del PP. Seis meses ha tardado la autonomía en admitir que tenía que rehacer sus cuentas, y finalmente lo ha hecho este verano, aunque no ha precisado todavía en qué recortará. Tan solo ha indicado que el ajuste superará la cifra anunciada inicialmente: 438 millones de euros.
A la espera de 730 millones
Y tal circunstancia, la de escoger en el último momento qué gastos e inversiones se aplazan al siguiente curso -fruto de la mala planificación del Consell, que en lugar de anticiparse ha multiplicado sus altos cargos hasta configurar una estructura política que costará un 45% más esta legislatura- ha coincidido con la asfixia que sufre la administración por unas entregas a cuenta que no llegan por parte de el Estado. ¿La razón? El Ejecutivo se ha escudado hasta la fecha en que no puede transferir el montante de 730 millones (450 por las entregas a cuenta del sistema de financiación y 280 millones por el IVA del cuarto trimestre de 2017) por ser un gobierno 'en funciones', un argumento que solo los socialistas valencianos han dado por bueno en la Comunitat.
Porque en la autonomía llueve sobre mojado en materia de financiación. El último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) volvió situar a los valencianos como los peor tratados con el actual sistema, al recibir por habitante 641 euros menos que los cántabros -los que más reciben- o 198 euros menos que la media estatal. Tal circunstancia fue bandera de los socialistas valencianos en tiempos de Mariano Rajoy, pero se convirtió en un problema con la llegada de Pedro Sánchez, que lo primero que hizo al llegar a la Moncloa en 2018 fue dar por imposible la negociación de un nuevo modelo de financiación con los apoyos con los que contaba. Por descontado, con el Gobierno en el aire y la posibilidad cada vez más real de unas nuevas elecciones Generales, el tema tampoco es ahora una de las prioridades estatales.
A Compromís y Unides Podem-EUPV, por contra, no les queda otra que mantener la sempiterna reivindicación, circunstancia que sitúa a Puig entre la espada y la pared. En este caso, ante el bloqueo en Madrid de las entregas a cuenta, Puig ha tenido que escenificar una reacción. En esta línea, el presidente valenciano anunció el pasado miércoles una reunión para el próximo martes con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que exigirá una solución "inmediata y legal" para las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. "Es absolutamente necesario para garantizar la tesorería y el buen funcionamiento de las arcas del Gobierno valenciano", argumentó el presidente valenciano.
Conflicto mediático
A la impopularidad de los recortes y el descrédito por su leve tono ante Madrid, Ximo Puig ha sumado estos últimos meses el turbio asunto de la quita del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) -el banco público de la autonomía- en beneficio de Editorial Prensa Ibérica (EPI) y El Periódico Mediterráneo -en el que Puig posee el 1,16% y del que cobra dividendos-.
En concreto, en el marco de una gran 'quita' de la banca acreedora, el IVF perdonó a Prensa Ibérica -previa autorización del Consell para perdonar deudas por primera vez y con el voto a favor de Puig- 1,3 millones de euros procedentes de la deuda del diario castellonense. Este descuento público permitió a la compañía de Javier Moll comprar Grupo Zeta -el anterior propietario de Mediterráneo-, y con la operación Puig dejó atrás un socio en quiebra (Zeta) para quedar aliado con otro que no solo es solvente, sino también el principal grupo mediático de toda la Comunitat: Prensa Ibérica.
