Valencia
La empresa autonómica Aerocas, titular del aeropuerto de Castellón, está a punto de adjudicar el servicio para explotar su aparcamiento a uno de los socios de la concesionaria original que asumió la construcción y la gestión de la infraestructura hace más de 20 años. Una concesión que la empresa de la Generalitat Valencia rescindió y que acabó en los tribunales.
Simetría, el grupo de la familia castellonense Batalla que también era el propietario del 30% de Concesiones Aeroportuarias (Conaer) a través de Lubasa, ha presentado la oferta mejor valorada para hacerse con el servicio de explotación del parking, que durante 10 años ha sido gratuito. En concreto lo ha hecho a través de sus filiales Casva Seguridad y Casva Control, que durante años han realizado estos servicios para la división de parkings del grupo, una de las que desinvirtió hace años tras su reestructuración por la burbuja inmobiliaria.
En este caso el contrato contempla un plazo de 5 años y está valorado en 383.615 euros. Además de las filiales de seguridad del grupo castellonense, históricamente uno de los mayores contratistas autonómicos y de la provincia, por ese concurso pujan otras dos ofertas: CP Plus Parking, filial del operador británico Group Nexus, y la alicantina Promed en unión temporal con la murciana New Capital 2000. Esta última ya gestiona más de 20 parkings.
La mesa de contratación ha dado la mayor puntuación a la oferta local, con 91,8 puntos, y ha propuesto que sea la adjudicataria, aunque aún debe formalizarse la adjudicación y tras cumplir las condiciones la firma del contrato.
El antecedente
Lubasa, que llegó a tener el 30%, fue uno de los socios iniciales de Concesiones Aeroportuarias (Conaer) junto a Globalvia, Abertis, Bancaja y PGP. Esta firma se hizo en 2003 con la concesión por parte de la empresa autonómica para la construcción y explotación por 50 años del aeropuerto, que de esta forma iba a ser el primero en España de gestión privada. Antes de que llegara a abrir sus puertas la empresa y la Generalitat mantuvieron un pulso ya que el principal socio de Conaer consideraba que la inversión no iba a poder rentabilizarse, algo por lo que Aena y el Ministerio de Fomento siempre habían descartado asumirlo.
La Generalitat rescindió la concesión en 2011 y la empresa reclamó en los tribunales tanto el coste de las obras, por 120,8 millones de euros, y otros 132 millones por daños y perjuicios, sobrecostes y lucro cesante. Los tribunales en 2013 zanjaron el asunto al obligar a la Administración valenciana a pagar el coste de las obras, pero no la indemnización que reclamaba.
La Generalitat Valenciana volvió a licitar una concesión para la gestión del aeródromo que se adjudicó en 2014 a la multinacional francesa SNC-Lavalin, con la que llegaría el primer vuelo en 2015, cuatro años después de haberse inaugurado sin aviones en un polémico acto del expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, y el expresidente valenciano Francisco Camps, ambos del PP.
Esta segunda concesión, por 20 años, concluyó a los 5 años, ante la falta de rentabilidad del aeródromo, aunque la compañía, que en ese tiempo se convirtió en Edeis, ingresó 21,6 millones del Gobierno valenciano por sus servicios durante esos años. Desde entonces la gestión pasó a ser directa de la empresa pública Aerocas, que aún no ha logrado salir de 'números rojos'.