Transportes y Turismo

Talgo abre la puerta a Sidenor y empieza a negociar la venta de cerca del 30% de su capital

El consejo de administración de Talgo ha decidido iniciar negociaciones con Sidenor para analizar "una posible transacción", que, tal y como ha podido saber elEconomista.es podría implicar la adquisición de cerca de un 30% del capital social de la empresa. El fabricante de trenes ha subrayado en su comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que velará por los intereses de la sociedad y de sus accionistas. Desde Sidenor señalan que este es "un paso más" y que ahora toca trabajar desde la "máxima discreción".

Fuentes consultadas por este diario aseguran que el empresario José Antonio Jainaga ha optado por presentar una oferta a través de la siderúrgica vasca, de la que es propietario, de hasta un 29,9% del capital de Talgo para no tener que lanzar una OPA. Las negociaciones en cuestión pasarían por el fondo británico Trilantic, accionista mayoritario del fabricante con aproximadamente un 30%.

Los números son los siguientes:

  • Las acciones de Talgo cotizan por debajo de los 4 euros. Acumulan una caída de más del 10% en el año.
  • El presidente de Sidenor tendría previsto ofrecer un precio superior a los 4 euros por acción, pero lejos de los 5 euros ofertados por el consorcio húngaro Ganz-MaVag, cuya OPA vetó Moncloa alegando "razones de seguridad nacional y del orden público".
  • Trilantic se habría mostrado inflexible a vender sus títulos a un precio inferior a los 5 euros por acción ofrecidos por Hungría, bajo la idea de que la compañía tiene potencial de crecimiento y recorrido bursátil dada su amplia cartera de pedidos. Un detalle: el fondo capitaneado por Javier Bañón, además, cuenta con la baza de controlar la mayor parte de la sociedad instrumental Pegaso Transportation, titular del 40,03% de Talgo, y cuyas decisiones han de ser secundadas por el resto de accionistas minoritarios: el fondo Torreal de la familia Abelló, que con un 3% también quiere deshacer su posición; y la familia Oriol, con un 7% repartido en participaciones minoritarias en manos de los herederos del cofundador.

En el caso de llegar a un punto de entendimiento, quedaría por asumir algo más del 10% para poder relevar a los actuales accionistas. Esa participación, según los planes iniciales, será adquirida por las administraciones públicas españolas, concretamente por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y por el País Vasco a través del fondo Finkatuz, un instrumento financiero gestionado por el Instituto Vasco de Finanzas (IVF) controlado por el Gobierno Vasco.

Esta opción B, surgida del veto a los inversores húngaros y un acercamiento fallido de la checa Skoda, cuenta con el respaldo de los gobiernos central y vasco. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló hace unos días que la entrada en el capital de Talgo de una empresa industrial solvente y nacional puede ser una solución viable a largo plazo y dar estabilidad a su accionariado.

El consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi, ha dicho que el Gobierno autonómico apoya la intención de Sidenor de entrar en el capital de Talgo si se mantiene su arraigo en Euskadi y se impulsa el empleo. El lehendakari, Imanol Pradales, ya dijo hace escasas fechas que si se encontraba un socio industrial podrían acompañarle en la entrada en la firma de ferrocarriles.

CCOO ha subrayado que cualquier operación sobre Talgo debe llevar asociado un plan industrial que garantice la fabricación y los pedidos actuales del fabricante de trenes español. Por su parte, UGT FICA ha valorado la posible entrada del grupo Sidenor en el fabricante ferroviario, una operación que, a su juicio, puede dotar de estabilidad laboral a los trabajadores y promover inversiones a medio y largo plazo, aunque ha reclamado un plan de inversiones y de garantías y crecimiento del empleo, de condiciones laborales y de futuro de la compañía.

Talgo dispone de dos plantas de producción y varios centros de mantenimiento en España. La mayor fábrica de trenes la tiene en Rivabellosa (Álava) y cuenta con 700 trabajadores, mientras que la otra se ubica en el municipio madrileño de Las Rozas, con 500 empleados.

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