Madrid
La guerra entre Renfe y Talgo se recrudece. Después de que las discrepancias entre la operadora pública con la que se efectúan los servicios ferroviarios y el fabricante de los convoyes con sede en Las Matas aumentaran a raíz del incidente del pasado lunes en el que 494 personas se quedaron atrapadas durante más de dos horas en un tren cercano a la estación madrileña de Chamartín, el conflicto va a más por las averías que impiden la entrada en servicio de hasta 11 trenes; la mitad, de los suministrados hasta ahora.
El conflicto se originó cuando la entidad estatal recibió el pasado 21 de mayo una parte de los 30 trenes del modelo S106 que había comprado al citado fabricante español. La entidad presidida por Carlos de Palacio únicamente entregó 22 trenes de tal modelo y lo hizo con años de retraso. De ellos, solamente 11 están en funcionamiento; los ocho restantes aún no han sido recibidos por Renfe. La compañía pública señala que no dispone de "información al respecto".
Renfe solicitó una indemnización millonaria de más de 160 millones de euros a la entidad controlada por Trilantic y la familia Oriol a través de su vehículo financiero Pegaso Transportation por los retrasos en la entrega de estos últimos modelos del Avril. Una indemnización que se une a la solicitada este martes por Renfe de 390.000 euros por las "graves incidencias técnicas" -y reiteradas- ocurridas en la mañana del lunes. En paralelo, el equipo técnico de Renfe está evaluando la fiabilidad sobre la operación global de la Serie 106 de Talgo.
Respecto a la otra mitad de los dispositivos entregados, que no ejecutan ningún servicio, la compañía pública señala que la mayoría se encuentran en fase de reparación por fallos técnicos, aunque habría alguno que estaría también en reserva, según fuentes consultadas por este periódico. Esto supone que del total entregado hasta el momento, la mitad de ellos están en fuera de servicio por "diversos fallos en el software" y problemas relacionados con "el sistema TCMS", la red de control y comunicaciones de los convoyes. No obstante, reiteran que de tal cantidad algunos están destinados a reserva, apoyo u otros servicios; lo que expone que no el conjunto total de los trenes retirados están averiados, pero sí en fuera de servicio.
Sea como fuere, hay una realidad patente: la tendencia "lejos de mejorar desde el inicio de la explotación ha ido empeorando, tanto en número de incidencias como en impacto en minutos sobre la explotación", señala un comunicado remitido por Renfe.
Las prestaciones efectuadas con los trenes adquiridos están generando pérdidas en la efectividad de los servicios de la compañía pública respecto a demoras; pues son muchos los servicios afectados con anterioridad al citado incidente. De hecho, aquellos más afectados son los correspondientes a los servicios prestados en Asturias -provincia que estrenó la Serie 106 de Talgo-, y Galicia -comunidad en el que los convoyes se utilizaron para la inauguración de los trayectos a Pontevedra, Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela y Vilagarcía de Arousa-.
Los S106 están suponiendo un auténtico quebradero de cabeza para Talgo y ha llevado a la compañía a una situación económica sin precedentes con el propietario de Renfe, es decir, el propio Gobierno nacional.
En plena opa a Talgo
Estas tensiones desembocan en la negativa y las discrepancias del Ejecutivo respecto al proceso de venta impulsado por el consorcio húngaro Magyar Vagon, que presentó una oferta pública de adquisición (opa) el pasado mes de marzo por el fabricante español, al que estipularon un valor de 619 millones de euros más los 330 millones de la deuda que posee. Desde el ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, encabezado por el ministro Óscar Puente, consideraron a Talgo estratégica y desconfiaron de los lazos entre el consorcio húngaro y el Gobierno del ultra Viktor Orbán, líder cercano al presidente ruso Vladimir Putin, con el objetivo de declinar la oferta.
En este contexto, aparecieron en paralelo otros postores para adquirir una integración parcial del capital de la compañía española como es el caso del fabricante de trenes checo Skoda Transportation. El Gobierno aún no se ha pronunciado, pese a que la mencionada entidad evalúa ofertar tal operación a cambio de la entrega de información financiera y no económica más detallada del fabricante nacional. La fórmula no convence a los propietarios de Talgo, que consideran que la única vía posible es una contraopa por el 100% del capital.
El fabricante lastra la puntualidad
Desde que la compañía pública adquiriese aquellos 30 trenes del modelo Avril S106 -únicamente 11 están en funcionamiento-, se han registrado 479 incidencias, de las cuales 28 han causado retrasos de más de una hora y 14 han necesitado el rescate de los pasajeros a bordo. El tiempo acumulado de tales demoras asciende a 9.742 minutos desde la fecha de adquisición, según fuentes consultadas por este periódico.
Pese a que la entidad estatal presidida por Raül Blanco no ofrece una cuantía económica exacta de la cantidad de compensación que deberán abonar a los afectados por tales retrasos, cabe precisar que en el anterior ejercicio interanual tuvo que pagar un total de 42 millones en concepto de indemnizaciones por las demoras de sus servicios en la red nacional. Si bien la cuantía económica es imperante, el porcentaje de puntualidad ha sufrido una bajada que es reseñable. Los S106 suponen el 9% de la flota total de Renfe de Alta Velocidad y Larga Distancia y registran una puntualidad de 40,7%.
La entidad estatal goza de un 76,2% de puntualidad en el conjunto de la red, lo que supone que los trenes de Talgo empeoran su índice en 35 puntos porcentuales. Hay que tener en cuenta que, según un informe de la Comisión Europea, Renfe alcanzó una puntualidad del 87% en sus trenes de alta velocidad entre los meses de enero y mayo de este año, antes de la adquisición de los S106; lo que supone una pérdida latente en la efectividad de los servicios adquiridos.
En abril, la entidad pública lanzó una reclamación dirigida contra el fabricante donde exponía que, en caso de alcanzar retrasos, la indemnización alcanzaría el valor de 80.000 euros por cada 24 horas. Así, la cuantía total, respecto a las demoras en los servicios ofrecidos, ascendería a más del medio millón de euros. En este sentido, no descartan la vía judicial. De hecho, las medidas anunciadas -respecto a las indemnizaciones solicitadas- conllevarán el inicio de todas las acciones pertinentes en los tribunales para la reparación de daños y prejuicios con la finalidad de defender su "reputación".