La Comunidad de Madrid ha denegado la solicitud de Cabify para que se le autorice la concesión de 7.706 licencias VTC en la región. La empresa de movilidad solicitó estas autorizaciones después de que el Supremo tumbara la anterior negativa, del año 2018, y obligase a la administración regional a retrotraerse a la normativa aplicable en su momento para justificar su negativa.
Cabify ha anunciado que recurrirá ante la justicia la decisión emitida por la Dirección General de Transportes, al considerar que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está incumpliendo el mandato del Tribunal Supremo, "que ordenaba la retroacción de actuaciones para que se respondiese de nuevo a la solicitud conforme a la regulación existente en 2018, y sin tener en cuenta la ratio 1:30, declarada contraria al Derecho Europeo".
La compañía de movilidad considera que "ha habido numerosas resoluciones a lo largo de los últimos años que han confirmado que diferentes administraciones han actuado de forma contraria a derecho, incluida la Comunidad de Madrid". Además, lamenta que "se pierda la oportunidad de dotar a Madrid de un servicio de transporte discrecional a la altura de lo que necesitan los ciudadanos y visitantes de la región".
El gobierno de Ayuso se defiende
Horas después de desvelar Cabify la resolución, la Comunidad de Madrid lanzaba un comunicado en el que defendía haber cumplido "escrupulosamente" con lo dictaminado por el Supremo, esgrimiendo que su actuación se limita a aplicar la normativa vigente, "que estipula la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres".
El gobierno regional justifica su negativa por el incumplimiento de varias condiciones de la Ley, "como que los vehículos no estén domiciliados en su ámbito territorial o la imposibilidad de la empresa para acreditar su disposición en virtud de un título de propiedad o arrendamiento de larga duración".
Así, la CAM defiende que su regulación "defiende a los usuarios protegiendo sus derechos", algo que se logra con unos requisitos de calidad y seguridad "suficientes para que los ciudadanos puedan disfrutar de unas buenas prestaciones", justifican. "Los ciudadanos tienen el derecho de elegir libremente cómo quieren realizar sus desplazamientos y la Administración tiene la responsabilidad de dotarle de todas las alternativas para ello, garantizando su movilidad", incluyen.
Además, la Comunidad de Madrid ha respondido a la supuesta falta de oferta de VTCs en la capital, un argumento recurrente de Cabify para justificar la necesidad de incrementar la oferta de este tipo de servicios. Para ello, apelan a un estudio elaborado por la propia Dirección General de Transporte que cifra la oferta de vehículos VTC en 2 por cada 1.000 habitantes, frente a una demanda de 1,47 vehículos. Concluye así que "actualmente las necesidades de movilidad y la oferta de transporte existente está suficientemente cubierta".
Un conflicto que se alarga más de seis años
En enero, el Supremo falló contra la Comunidad de Madrid por denegar 1.000 licencias de VTC a Maxi Mobility Spain, sociedad de cabecera de Cabify, en abril de 2018. La administración regional rechazó entonces la solicitud argumentando que la concesión de las licencias superaría la limitación de una licencia de VTC por cada 30 taxis.
Lo hizo escudándose en la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, en junio de 2023, tumbó esa ratio 1:30 al considerar que vulneraba el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la libertad de establecimiento. En consecuencia, el Supremo obligó a la Comunidad de Madrid a retrotraer las actuaciones para que valorase de nuevo las solicitudes de autorización en función con la normativa aplicable en 2018, pero sin tener en cuenta el límite de VTC por taxi.
Nada más conocerse la resolución del Supremo, Cabify puso en venta cientos de licencias sin saber si iba a poder operarlas, a cambio de un precio que rondaría entre 70.000 y 80.000 euros por un período máximo de cuatro años. Para tratar de convencer a la Comunidad de que se las autorizase, llegó a ofrecer al gobierno de Ayuso un pacto según el cual se desprendería de una de cada dos licencias concedidas a cambio de poder operar las restantes "con plena garantía y seguridad jurídica".