Transportes y Turismo

Cabify cederá la mitad de las licencias VTC concedidas por la Justicia si Ayuso autoriza el resto

Vehículo de Cabify.

Cabify mueve ficha en su disputa con la Comunidad de Madrid para definir el futuro de las 25.000 licencias VTC que podrán volver a solicitar después de que los juzgados hayan denegado el rechazo del gobierno de Isabel Díaz Ayuso a su tramitación. La plataforma de movilidad se abre a desistir de una de cada dos licencias otorgadas por los jueces a cambio de poder operar la restante "con plena garantía y seguridad jurídica".

Lo hace después de sacar al mercado estas licencias, una vez que el Tribunal Supremo revocó la decisión de la administración regional de denegar miles de autorizaciones VTC al considerar que incumplía la ratio entonces vigente de un VTC por cada 30 taxis. La Justicia ha obligado a la administración regional a retrotraerse a la normativa vigente cuando se solicitaron, en 2018, lo que abre la puerta a la empresa de movilidad a solicitar todas esas autorizaciones, siempre que el ejecutivo madrileño acepte continuar con su tramitación.

En una carta enviada por la compañía a algunos de sus socios, Cabify desvela sus cartas para negociar con el gobierno de Ayuso. Su plan contempla "activar el número de licencias necesarias" y que estas se desplieguen en varias fases, cada año, con el fin de "absorber la demanda creciente y evitar un accionamiento repentino y abrupto".

"Nuestra propuesta pasa, ante todo, por el acuerdo entre la Comunidad de Madrid, Cabify y el resto de la industria. Queremos atender todos los intereses y accionar la disposición de licencias de acuerdo a los derechos reconocidos, de una forma que permita asegurar la viabilidad y sostenibilidad de la industria en su conjunto y la cobertura de la demanda insatisfecha actual y potencial de los próximos años", señala Miguel Ángel Toledo, director de Flotas de Cabify, en la misiva.

Cientos de licencias al mismo tiempo

Esta propuesta permitiría a Cabify ganar tiempo para disponer de los vehículos, conductores y trámites administrativos necesarios para que le sean concedidas las autorizaciones, algo que aseguran que pueden abordar en términos operativos, "pero no es una cantidad de licencias que el servicio requiera ahora mismo y su despliegue podría suponer un daño para la industria que queremos evitar. Apostamos por un crecimiento sostenido", mencionan.

Al mismo tiempo, Madrid se ahorraría que todos estos vehículos se incorporen a sus calles al mismo tiempo, evitando aumentar aún más el ya tenso tráfico de la capital. A ese respecto, el director general de Transportes y Movilidad del ejecutivo regional, Luis Miguel Torres, aseguró a mediados de febrero, en una intervención en la Asamblea regional, que "hemos conseguido un equilibrio que en estos momentos absorbe perfectamente la demanda que existe" y abrió la puerta a estudiar la afección que generaría su puesta en servicio en el tráfico y el medio ambiente.

El plan diseñado por Cabify contempla socializar las licencias y no dejarlas todas en manos de sus socios habituales o de su filial Vecttor, de modo que hacen partícipes "al resto de la industria, en especial a transportistas y taxistas mediante la transmisión de la titularidad o a través de algún convenio de gestión a convenir". Su propuesta también incluye un acceso de estos nuevos asociados a los puntos de recarga y talleres de reparación del grupo Cabify.

"Para nosotros es importante trabajar de vuestra mano en un momento determinante para el futuro de la movilidad y de la industria del taxi y la VTC", explica Toledo en su carta. Define la propuesta como "responsable, posible y equilibrada, que cubre las necesidades de movilidad de Madrid de forma progresiva y sin que genere un agravio al resto de operadores".


Miguel Ángel Toledo, presidente de Vecttor, explica la postura oficial de su matriz Cabify en la revista elEconomista Movilidad y Transporte, que se puede leer pinchando aquí.

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