El Gobierno jugará la carta del escudo antiopas para evitar la entrada del grupo húngaro Magyar Vagon (Ganz-MaVag) en el fabricante de trenes Talgo al dudar del origen de los fondos que financiarán la operación, valorada en más de 600 millones de euros. Moncloa no descarta que procedan de Rusia en un momento muy tenso en el continente por las amenazas de Vladimir Putin, y dado el vínculo de este con el primer ministro húngaro, está tratando de bloquear la operación para evitar injerencias rusas.
El consorcio húngaro no ha presentado oficialmente su propuesta de adquisición por el 100% del capital, y de hecho tiene previsto hacerlo en las próximas horas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Según aseguraban fuentes próximas al holding adquiriente "el proceso sigue su curso" a cierre de esta edición, a la espera de que Ganz-MaVag Europe, la sociedad a través de la cual se articulará la compra, convoque a su consejo de administración; y Talgo haga lo propio para recibir formalmente la carta de intenciones.
El Ministro de Transportes, Óscar Puente, desveló este miércoles su intención de hacer "todo lo posible" para rechazar la opa húngara sobre Talgo, que permitiría al fabricante ampliar su capacidad para cumplir con su cartera de pedidos, actualmente en máximos. Lo hizo en una conversación informal ante periodistas de El Periódico de España, y según matizan desde su gabinete, tenía como objetivo mostrar sus sospechas sobre la presencia de inversores rusos o del Kremlin en el grupo ofertante.
Semanas atrás, elEconomista.es dio a conocer el opaco entramado empresarial del oferente y las relaciones que vinculaban a Moscú con el fondo estatal Corvinus, que financiará parte de la operación. Tras la misma está András Tombor, un empresario que en 2022 adquirió la fábrica de trenes DJJ, hasta entonces en manos del grupo ruso TMH.
El 55% del capital de Ganz-MaVag está en manos de Zsolt Hernádi, presidente de la petrolera húngara Mol, y Zsolt Komondi, quien fuera jefe de gabinete en el ministerio de Desarrollo Nacional del Gobierno de Orban. El 45% restante pertenece a Corvinus, que ignoró las sanciones para apoyar al banco ruso International Investment Bank.
Magyar Vagon sigue adelante
Fuentes próximas a Magyar Vagon admiten que las declaraciones del Gobierno "no les han pillado de sorpresa" y, en caso de que haya rechazo, "deberá ser motivado". Según explican, el oferente optó por resolver primero el conflicto abierto con los bancos para que no reclamasen la deuda de manera anticipada, postergando las conversaciones institucionales a después de presentar la opa a la CNMV. Entre medias, el ministro de Industria, Jordi Hereu, admitió que estaban estudiando si Talgo podría considerarse una empresa estratégica.
Durante la jornada de ayer miércoles, los mercados no respondieron bien a las declaraciones de Puente y dieron la vuelta a la acción del fabricante, que pasó de registrar un alza de 5% en el arranque de la jornada hasta caer un 0,7%, cerrando la sesión en 4,17 euros.
Las posibilidades jurídicas
Desveladas las posturas de todos los participantes en la operación, en el seno de Moncloa ya se piensa en el primer mecanismo de defensa que tiene a su disposición para frenar la llegada de capital extranjero a Talgo: el escudo antiopas. Este parapeto legal fue puesto en marcha por el Gobierno durante la pandemia para evitar la adquisición de empresas españolas por grandes fondos de inversión extranjeros o fondos soberanos que quisieran hacerse con compañías que vieron cómo la pandemia desplomaba su valoración bursátil.
Las limitaciones de esta primera norma invitaron al Ejecutivo de Pedro Sánchez a actualizarla, de modo que, en julio de 2023, se dio luz verde al nuevo Real Decreto sobre Inversiones Exteriores que estableció que cualquier compañía o inversor extranjero deberá recibir autorización del Consejo de Ministros para adquirir más del 10% del capital social de una empresa española si supera el valor de 500 millones de euros en todos aquellos sectores considerados "estratégicos".
En concreto, la restricción afecta a energía, agua, telecomunicaciones, finanzas, seguros, sanidad, transporte, seguridad alimentaria y áreas especialmente críticas, como la robótica, IA, ciberseguridad, aeroespacial, defensa o biotecnología. La tecnología de ancho variable de Talgo y su condición de mantenedor de buena parte de la flota de trenes de Renfe situarían a la compañía en esta lista de empresas estratégicas.
El abogado Alfonso López-Ibor, socio fundador de López-Ibor DPM, explica a elEconomista.es que se trata de "una restricción de tipo horizontal que afecta a todos los sectores de la economía", aunque el Gobierno también dispone de otros mecanismos específicos para frenar la entrada de capital extranjero en las sociedades estratégicas para España: "Hay otras restricciones verticales que afectan a sectores concretos, como defensa, telecomunicaciones, energía, casinos y juegos o bancos que están sometidas a una legislación prolija, y que concede un poder de veto al ministerio que regule el sector en cuestión", explica.
Al veto gubernamental hay que añadir las barreras fijadas por el derecho de la competencia, vigiladas por la CNMC y la Comisión Europea. Esta situación no parece de aplicación en la operación de Magyar Vagon sobre Talgo, dada la existencia de todo tipo de competidores, grandes y pequeños, en los mercados europeo y mundial de material rodante ferroviario.