El grupo Masorange, fruto de la fusión de Orange España y Grupo MásMóvil, ha anunciado este martes una propuesta de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con el objetivo de reducir la plantilla conjunta en 795 puestos. El ajuste laboral, según informa UGT, se prevé realizar sobre seis de las nueve sociedades jurídicas que componen el grupo, entre ellas Orange España, OsFI, R-Telecable, Euskaltel, Lorca y Xfera. La plantilla del grupo ronda los 8.400 profesionales, por lo que los términos iniciales del ERE impactaría sobre el 9,5% del total de la plantilla de Masorange y sobre el 16,4% de las sociedades implicadas. En el comunicado a plantilla la empresa ha expresado que la voluntariedad va a ser "el primer y preferente criterio de adhesión".
Como es preceptivo en este tipo de procesos y, una vez que se han reconocido administrativamente las dos compañías fusionadas como grupo laboral de empresas, se constituirá una mesa única de negociación, prevista para el próximo 17 de septiembre. A lo largo de los 15 próximos días, la empresa debe hacer entrega de la memoria técnica del ERE para justificar la propuesta de despido colectivo. Este ERE se produce meses después de los realizados en España por Telefónica, de 3.400 trabajadores, Vodafone, con 667 salidas y Avatel, con 674 regulados. Por lo tanto, la pérdida laboral de los grandes del sector proyecta alcanzar los 5.536 puestos en lo que va de año.
Según indica el referido sindicato, *UGT rechaza la medida" ya que "ahonda en políticas de destrucción de empleo bien formado, bien remunerado y que aporta riqueza y valor añadido a la economía de España". UGT también precisa que se trata de "una regulación perniciosa que no ha querido ser corregida por ningún gobierno conduce a un círculo vicioso de despidos colectivos". En cualquier caso -añade el sindicato- y en caso de no ser retirado, "UGT defenderá la voluntariedad total y un paquete Indemnizatorio y prejubilaciones similares a las firmadas en 2021 en Orange España.
Por su parte, el sindicato CCOO ha indicado que analizará los planteamientos de la empresa para "adoptar el formato legal pertinente, ya sea bien en un único proceso o jurídica por jurídica". Este sindicato, mayoritario en el sector de las Telecomunicaciones, reconoce que "estará vigilante de todo el proceso tanto desde el punto de vista justificativo, como de las medidas a negociar". Tambien ha calificado de "lamentable" el comportamiento adoptado por "las empresas que buscan eficiencias de manera recurrente en modelos tan agresivos como el que hoy nos preocupa." En su opinión, "el empleo es la base del mundo laboral y cualquier destrucción de éste, no puede considerarse más que una agresión fruto de un plan empresarial, donde las personas trabajadoras estamos en segundo plano y obviamente no vamos a quedarnos de brazos cruzados".
En la presentación de la fusionada compañía, el pasado abril, los principales ejecutivos del grupo abrieron la puerta a futuras salidas voluntarias tras precisar que las sinergias de la joint venture "no se materializarán en salida de personal, sino en evitar solapamientos, como los que pueden surgir en las antenas o estaciones base". Hasta la pasada primavera, Masorange es líder por clientes del mercado en todos los segmentos de negocio y el mayor canal retail de terminales y dispositivos electrónicos, con más de 4,2 millones de dispositivos al año, valorados en mil millones de euros de facturación.
Orange España y MásMóvil formalizaron el pasado 26 de marzo las condiciones de una fusión, establecida al 50% entre ambos operadores y valorada en 18.600 millones de euros. La plantilla conjunta de las dos compañías sumaban 8.400 empleados, de los que 6.600 procedían de Orange y cerca de 1.800 del grupo MásMóvil. La fusionada compañía trabaja actualmente con una decena de grandes marcas: Orange, Simyo, Jazztel, MásMóvil, Yoigo, Pepephone, Lyca, Virgin, Llamaya y Lebara.
Reacción del Gobierno
Las primeras reacciones al anuncio del ERE no se hicieron esperar y, desde el 38 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, la responsable del ramo en el Gobierno confió en que el proceso pueda resuelverse de forma satisfactoria entre todas las partes, tras indicar que dicho ERE debe pactarse con los sindicatos y ajustarse "a las necesidades reales" de la empresa. De esa forma, María González Veracruz, secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, abogó para que el Gobierno no tenga que jugar el papel clave que en su momento desempeñó en el ajuste de Vodafone, con la consiguiente reducción de la cifra de regulados. "Somos un Gobierno que escucha, intentando siempre echar una mano en la resolución de los conflictos. Nosotros siempre somos muy claros con el sector: queremos que sean ERE lo menos dolorosos posible", ha explicado.
Por su parte, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha indicado a Ep Television que su departamento velará "con todos los medios a su disposición" por que el ERE "respete escrupulosamente la legislación laboral española". Según adelantó, "la inspección vigilará el cumplimiento de las causas y si además hay un compromiso de empleo". En concreto, Pérez Rey vigilará el cumplimiento de las causas que se alegan para justificar los despidos, especialmente si la compañía obtiene beneficios y, pese a ello, recurre a la reducción de su personal.