Madrid
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) no llegará a tiempo para optar a representación en el consejo de Telefónica aunque incremente de forma acelerada su actual participación, debido a la proximidad de la Junta de Accionistas del próximo 12 de abril. Actualmente, la Sepi ha reconocido el 3% de la teleco, pero ni con el 6,7% de representación en el capital que pudiera sumar rápidamente para disponer de ese derecho aritmético pudiera lograr un asiento en el consejo. El reglamento de la Junta General de Accionistas de Telefónica impide nombrar consejeros que no figuren en la propuesta de acuerdos del orden del día. Dicha convocatoria se publicó el pasado 8 de marzo y ya han transcurrido los cinco días siguientes válidos para incorporar nuevas propuestas. Por lo pronto, el Ejecutivo ha anticipado su intención de alcanzar el pretendido 10% en Telefónica "en el menor tiempo posible, siempre que no afecte a la cotización" de la multinacional española.
En este sentido, la agencia Europa Press informó este martes de que Telefónica tendría aparcado otro 2% más en derivados financieros, por lo que, una vez que los haga efectivos, su peso en la teleco se elevaría al 5%. Ante esa participación latente y la posible afloración en breve, la Sepi declinó realizar comentarios a la agencia de noticias.
Tras la adquisición por parte de Sepi del 3,004% del capital social de la multinacional española, -reconocida el pasado martes por la empresa pública a través de un comunicado-, el holding buscará formalizar la compra -al menos- de otro 3,7% de las acciones de la multinacional para alcanzar el 6,7% que le daría derecho a un puesto en el consejo, pero eso no será en la junta del 12 de abril, pero sí en futuras convocatorias.
No basta que la Sepi realice un esprint de compras de títulos de Telefónica para optar a merecer un asiento en el consejo de la compañía que preside José María Álvarez-Pallete. De acuerdo con el reglamento de la Junta de Telefónica, los accionistas que representen al menos un 3% del capital social disponen de cinco días -tras la publicación de la convocatoria- para solicitar un complemento al orden día, plazo que caducó el pasado 13 de marzo. Es decir, Sepi no podrá proponer la incorporación de un consejero en Telefónica por estos cauces, ni tampoco en el turno de palabra en la junta. El camino más cercano sería la convocatoria de una junta extraordinaria, una vez celebrada la ya convocada en abril.
Ampliación del consejo
En el mismo escenario de posibilidades, el consejo de Telefónica tampoco estaría en condiciones de incrementar su consejo, desde los 15 miembros actuales hasta los 16 integrantes. De hecho, no existe margen de maniobra para sustituir un consejero por otro, ya que en el mismo orden del día de la junta se incluye la renovación de todos los consejeros cuyos mandatos concluyen este año. Se trata de la reelección de Isidro Fainé, Verónica María Pascual Boé, José Javier Echenique Landiríbar, Peter Löscher y Claudia Sender, todos ellos como miembros del consejo de administración de la compañía. A los anteriores se suma la ratificación de los nombramientos por cooptación de Solange Sobral y Alejandro Reynal.
Al margen de las compras que la Sepi pueda realizar en el mercado durante los próximos días, un vistazo rápido a las participaciones de los principales accionistas pone de manifiesto una vía rápida para que la Sepi pueda alcanzar ese 6,7% minimo del capital de la teleco: convencer a Morgan Stanley para comprar el 2,195% que atesora el banco de inversiones y agente de bolsa en derivados financieros desde el pasado verano.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) no necesitará endeudarse para adquirir el 7% del capital de Telefónica que aún le falta para alcanzar el pretendido 10% de la compañía de telecomunicaciones: existe un generoso resquicio por el que la empresa pública podría disponer de 1.600 millones de euros para hacer suyo semejante parte del pastel accionarial de Telefónica. Dicha cantidad podría restarse del fondo de 20.000 millones de euros, correspondientes a los fondos prorrogados de los Presupuestos Generales del Estado, incluidos en el capítulo 8 de dichas cuentas públicas, en su anexo de estructura económica ingresos. Según informa el diario El Mundo, Hacienda cuenta con hucha suficiente para afrontar estas aventuras accionariales sin tener que recurrir a financiación ajena.
Tal y como ya informó elEconomista.es a finales del pasado febrero, la Sepi puede hacer uso de sus mecanismos financieros para crecer del 3% actual hasta el 10% permitido por el Gobierno. Una vez que alcance dicho techo, y garantizada la soberanía estratégica en el operador de telecomunicaciones, la Sepi podría transferir dicha participación a la recién creada Entidad Pública Empresarial Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT). Esta Sepi digital, que prevé estar plenamente operativa el próximo mayo, tiene el mando del Gobierno de impulsar y ejecutar las inversiones en sectores estratégicos vinculados a la transformación tecnológica, tal y como informó José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital y Función Pública, durante el pasado Mobile World Congress (MWC).
En el consejo de ministros de ayer, donde la ministra portavoz del Gobierno Pilar Alegría se mostró partidaria de que la Sepi alcance el 10% de participación en Telefónica "en el menor tiempo posible", también recordó que la entrada de la empresa pública en la teleco permitirá proporcionar "una mayor estabilidad accionarial" y "salvaguardar la capacidad" estratégica de la misma. En su opinión, se trata de una fórmula que "se está llevando a cabo en otros países del entorno". Es el caso Alemania, que ostenta un 13,8% del capital de Deutsche Telekom; Francia, dispone de un 13,4% en el Grupo Orange; o Italia, que adoptó en agosto de 2023 un acuerdo para incrementar hasta el 20% su participación en la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia", según recordó el gobierno español a finales del año pasado, cuando el Consejo de Ministros autorizó a la Sepi a crecer hasta el 10%. Entre otros objetivos, este movimiento del Gobierno pretende contrarrestar el peso de Saudi Telecom en Telefónica, donde ya dispone del 4,9% del capital y un 5% en productos financieros derivados.
