Telefónica se librará el próximo 30 de abril de todos los compromisos subordinados con la compra de DTS (Sogecable-Canal+) realizada en la primavera de 2015. Eso significa que el operador quedará libre de compartir o no con sus rivales sus ofertas diferenciales, sin estar obligado a proporcionar una oferta mayorista para contenidos premium de su catálogo, como pueden ser los partidos de la Liga, de la Champions League o el Mundial de Fútbol, así como otros acontecimientos como la Fórmula 1, el Mundial de Moto GP o los Juegos Olímpicos, además de las películas o series de estreno en exclusiva.
De lo anterior también se desprende que Telefónica podrá competir en igualdad de condiciones que Orange TV o Vodafone TV, sin que el regulador tenga que proteger los intereses de terceros. Los precios de reventa de los derechos audiovisuales de los contenidos de Movistar dejarán de estar regulados. Además, si la televisión de Telefónica decide no compartir ciertos eventos, podría conservarlo en exclusiva sin ningún resquicio para sus rivales. Fuentes del mercado consideran que, en la práctica, apenas cambiará el statu quo. De hecho, Telefónica seguirá revendiendo sus derechos del fútbol, por ejemplo, para así rentabilizar su inversión que ronda los 2.500 millones hasta 2027.
Según lo pactado entre Telefónica y la entonces Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (ahora Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC), los rivales de Telefónica podían acceder a un máximo del 50% de los paquetes premium, quedado al albedrío de los operadores qué contenidos elegir, siempre con precios ajustados al test de replicabilidad, es decir, con un importe compatible con la competencia.
Hay que remontarse a hace casi justo ocho años, exactamente el 22 de abril de 2015, cuando el Pleno del Consejo de la CMT resolvió autorizar la operación de concentración Telefónica/ Sogecable (DTS). Esa adquisición dio origen al nuevo coloso de la televisión de pago en España, con una cuota de mercado del 70% (un 37% de Movistar TV y un 33% de Canal+). El importe de la compra, de 727 millones permitió poco menos que salvar la vida al Grupo Prisa, entonces liderada por Juan Luis Cebrián y acuciada por la deuda.
La autorización del regulador a la operación quedó condicionada al cumplimiento de los referidos compromisos, que una semana antes había pactado César Alierta, entonces presidente del Grupo Telefónica, con el presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez. Con los principales escollos regulatorios ya salvados, solo faltaba que el Consejo de Ministros, que entonces presidía Mariano Rajoy, diera su visto bueno a la concentración económica que llevó a Moncloa Luis de Guindos, que en aquellos momento dirigía el ministerio de Economía y Competitividad. Eso último sucedió el 30 de abril de 2015. En la resolución del Gobierno se contemplaba una vigencia de cinco años con una opción de hasta tres años adicionales, salvo en el caso de que el regulador estimara que se hubiera producido "una modificación relevante en la estructura que justifique el mantenimiento, adecuación o supresión de las condiciones correspondientes".
Transcurridos los cinco primeros años, hasta principios de 2020, Telefónica solicitó la supresión de los compromisos por el fin de vigencia de los mismos. Sin embargo, poco después irrumpió la pandemia a mediados de marzo de 2020 y el correspondiente estado de alarma, por lo que el 17 de marzo de 2020, Competencia remitió a Telefónica el acuerdo por el que quedaba suspendida cualquier supresión de los compromisos hasta un mes después, exactamente el 22 de abril de 2020, pero entonces el regulador volvió a arrojar un jarro de agua helada a la teleco al justificar de forma motivada la prórroga de tres años, exigencia que decaerá el próximo domingo. De hecho, el regulador no ha expuesto ningún motivo extraordinario que obligue a prolongar aún más los anteriores plazos, según ha podido saber elEconomista.es.
El mapa del consumo de la televisión en España no tiene nada que ver con el que imperaba en la primavera de 2015, momento en el que Telefónica propuso una serie de remedios para favorecer la aprobación de la compra de DTS, del grupo Prisa, y así convertirse en la referencia del mercado español de la televisión de pago, entonces con una cuota de mercado del 70%. En la actualidad, la voz cantante del negocio de la televisión en streaming pertenece a las plataformas de series y televisión, repartido entre los gigantes estadounidenses Amazon Prime, con una cuota del 24% al cierre de 2022, seguido de Netflix (23%), Max (15%) y Disney TV (17%). Más alejados de los anteriores aparece la española Filmin (6%) y la californiana Apple TV (4%), precisamente el mismo porcentaje que Movistar+. En los últimos meses, directivos significativos de Telefónica han advertido sobre esta nueva configuración del mercado de la televisión de pago. Así, han reclamado al regulador que, ante "mismos servicios", aplique "mismas reglas y mismas obligaciones".
