El representante legal de Indra, Joaquín de Fuentes, declaró ayer ante el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional por el caso Púnica. La empresa, imputada por presunta financiación ilegal al PP de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre, se ha desligado de la trama y ha apuntado directamente a la gestión de la empresa durante la presidencia de Javier Monzón, que ocupó el cargo desde 1992 hasta 2015. En la actualidad, Monzón es presidente no ejecutivo del grupo Prisa y presidente de Openbank, entidad cien por cien digital del Santander.
Según informan fuentes jurídicas, el representante de la compañía ha confirmado que existen facturas con las empresas Swat y Formaselect (vinculadas al PP de Madrid de dicha época como proveedoras) de los años 2008 a 2013 de las que no se ha podido encontrar documentación de que hubieran hecho contraservicios a cambio de los conceptos pagados. Según la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, Indra pagó a estas empresas trabajos realizados para el PP de Esperanza Aguirre. La defensa de Indra ha remarcado claramente que dichas facturas se emitieron bajo la época de Javier Monzón, aunque el abogado de Indra no le ha apuntado directamente a él, sino al exdirector de Operaciones, Santiago Roura.
De Fuentes ha epxlicado que cuando llegó a Indra en 2015 ausipició un proceso de depuración de responsabilidades, por la investigación del caso Púnica, en el que ya estaba inmerso Roura, que fue despedido. Todo ello en prevención de la reforma del Código Penal, que por primera vez recogió la responsabilidad penal de las personas jurídica, lo que afectó a empresas y formaciones políticas.
Refuerza la vigilancia
Asimismo, la compañía también ha remarcado ante el juez Manuel García Castellón que si existió una violación del sistema de Cumplimiento de Indra fue "producto de la conducta desleal realizadas de algunas personas que no son parte de Indra en la actualidad". Monzón salió de la compañía en 2015. Desde entonces, la empresa asegura que ha reforzado "intensamente" dicho sistema de Cumplimiento.
Por otro lado, siempre según las mismas fuentes, la empresa se ha comprometido a seguir manteniendo una alta colaboración con las autoridades en el caso. Con anterioridad, Indra inició una investigación interna a través de su Unidad de Cumplimiento, y ha aportado toda la información de la que disponía a la Agencia Tributaria y al Juzgado de forma proactiva.
El objetivo de la firma es seguir aportando toda la nueva documentación, que será producto de la auditoría de costes que la compañía realizará sobre los procesos electorales investigados por el Juzgado; y también aportará todas las actas e informes de la Unidad de Cumplimiento de Indra (algo que no había podido hacer antes dado que no era parte de la causa).
Asimismo, el representando de la compañía ha explicado al juez García Castellón que no se han detectado pagos en metálico relacionados con el caso.
El magistrado imputó a la compañía como persona jurídica el pasado 2 de septiembre, mismo día que también imputó a Javier Monzón, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y su sucesora en el cargo, tras Ignacio González, Cristina Cifuentes.
Motivos de la investigación
Indra fue imputada a raíz de que la Guardia Civil concluyera en un informe incorporado a la causa que la empresa habría financiado con 566.497 euros actos de campaña del PP de Madrid a través de contratos falsos -antes de la llegada de su actual presidente, Fernando Abril-. Según los investigadores, el partido no fue el que abonó los servicios a Swat, sino que lo habría hecho Indra a través de otra empresa, Formaselect Consulting.
