La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha acudido a la Audiencia Nacional este miércoles para declarar como investigada por la supuesta adjudicación "arbitraria" de los servicios de restauración de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011, en el marco del 'caso Púnica'.
Tras prestar declaración, Cifuentes ha afirmado que su "principal participación" en la trama "fue personar al Gobierno de la Comunidad de Madrid como acusación particular en defensa de los intereses de los madrileños" cuando presidía la región.
En declaraciones a los medios al término de la comparecencia, que se ha prolongado durante unas tres horas, Cifuentes se ha mostrado "satisfecha" con la declaración. "Nunca tuve nada que ver con ese tipo de asuntos y muchas personas saben que si precisamente algo hice cuando fui presidenta de la Comunidad de Madrid y del partido fue luchar de manera implacable contra la corrupción", ha apuntado.
Asegura que "siempre" puso en conocimiento de la justicia los asuntos que encontró
En este sentido, ha defendido que "siempre" puso en conocimiento de la justicia los asuntos que encontró "que podían ser irregular" y ha mencionado específicamente "la presunta corrupción en el Canal de Isabel II", que se investiga en la causa 'Lezo' y la Ciudad de la Justicia, también bajo la lupa de la Audiencia Nacional.
Respecto al contenido de su declaración, Cifuentes ha confiado en haber podido esclarecer "dos cuestiones que había que aclarar", su labor y función en el PP madrileño entre 2004 y 2008 y la adjudicación al Grupo Cantoblanco del contrato de gestión de cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011, cuando ella era vicepresidenta del parlamento autonómico y formaba parte de la mesa de contratación.
Sobre su papel en el PP, ha dicho que en primer lugar como secretaria de política territorial y con posterioridad como presidenta del Comité de Derechos y Garantías "sólo" participó en dos comités de campaña, los de las autonómicas de 2007 y las generales de 2008 y en ambas su labor fue "exclusivamente la movilización territorial".
"En ninguno de esos años ni en los comités de campaña ni en el partido yo tuve ningún tipo de responsabilidad ni ningún tipo de participación o actuación referida a la administración, la gestión económica o la financiación del partido ni de sus campañas", ha destacado ante los medios.
Respecto a la adjudicación, Cifuentes sostiene que ha podido explicar ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción que "la actuación fue absolutamente ajustada a la legalidad, siempre contando con el respaldo de todos los informes técnicos, jurídicos e informes que avalaban esas decisiones" y fueron además adoptadas "por unanimidad" de "14 personas, la mitad políticos y la otra mitad técnicos".
"Yo no elaboré ni participé en la elaboración del pliego de los concursos y fueron los técnicos los que establecieron las baremaciones que conforme a la legalidad correspondían y por tanto, mi actuación fue completamente ajustada a la legalidad y correcta. Espero que tras una sesión larga y muchas explicaciones, este tema quede claro porque yo no he tenido nunca nada que ver con ese tipo de asuntos", ha apuntado.
Imputada a la vez que Aguirre
Cifuentes fue recientemente imputada junto a Esperanza Aguirre en este caso, en concreto por las adjudicaciones al Grupo Cantoblanco ya que ella presidía la mesa de contratación y, además, formaba parte del comité de expertos que evaluó a los aspirantes.
Según el auto de imputación del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, aquel comité "valoró de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en dicha valoración a favor" de la empresa de Arturo Fernández.
"No les importó que su participación en el comité de expertos conculcase la legalidad vigente, ya que Cristina Cifuentes también presidía la mesa de contratación" que dio luz verde a aquel informe con su propio voto a favor, conforme señala el auto, en el que se incide en que se siguió el mismo patrón cuando se volvió a adjudicar el servicio a la empresa de Arturo Fernández en 2011.
El auto recuerda que, además, Cifuentes era patrona de Fundescam en el año 2007, cuando se efectuaron las donaciones por el investigado Arturo Fernández, y formó parte del comité regional de campaña del PP de Madrid en las elecciones autonómicas de ese año.
