El denominado Caso Púnica vuelve a los grandes titulares informativos, tras la solicitud de imputación de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, expresidentas de la Comunidad de Madrid (CAM), hecha publica el pasado viernes y remitida al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.
Poco podía imaginar Eloy Velasco, juez instructor que abrió el proceso en junio de 2014, las dimensiones y la variedad de delitos que aparececían en el Caso, a través de las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En la actualidad se superan los 180 imputados.
Así, el 16 de septiembre de 2015 se vio obligado, a través de un auto, a dividir el sumario en un total de doce piezas separadas, fundamentando su decisión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en la sentencia del Caso Banesto (29 de julio de 2002) establece que "en los casos de delincuencia denominada económica, la instrucción conjunta de los delitos, lejos de favorecer el esclarecimiento de los hechos, puede producir un efecto contrario y no deseado".
La macrocausa está en la actualidad en una fase de aceleración de los trabajos para concluir la instrucción del sumario, después de que la Sección Cuarta de lo Penal haya obligado a finalizar la investigación de la macrocausa el 6 de junio de 2020 en lugar del 30 de marzo de 2022 según había fijado García-Castellón.
Esta reducción del plazo de instrucción es consecuencia del cambio de criterio en la aplicación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), que limita a 18 meses la instrucción de las causas penales de especial complejidad. No se puede olvidar que en el juzgado de García-Castellón también se encuentra el complejísimo caso del comisario Villarejo.
Velasco dividió el caso en 12 piezas, que ahora son 16, pero que a solicitud de la Fiscalía quedarán reducidas a 11 por motivos de eficacia:
1.El 'chivatazo' del guardia civil a Granados. La Guardia Civil había montado un dispositivo de grabaciones en la puerta del edificio sede de las empresas del constructor, amigo y testaferro de Granados, David Marjaliza. El agente de la Benemérita que colocó las cámaras, José Manuel Rodríguez Talamino, informó sobe el dispositivo a un agente en excedencia, que trabajaba para la CAM, José Luis Caro Vinagre, y a Francisco Granados, lo que desbarató la operación que perseguía lograr pruebas sobre quienes pagaban comisiones a cambio de la concesión de servicios.
Los jefes de Talamino supieron quien había dado el chivatazo por las conversaciones telefónicas, intervenidas, entre Marjaliza y Granados. Este último ha sido condenado a dos años de prisión por delito agravado de aprovechamiento de revelación de secreto por un funcionario público. También han sido condenados a dos años Talamino y Caro. Fruto del chivatazo fue la quema de documentos por el testaferro de Granados y la aparición de un millón de euros en un altillo en casa de los suegros de este último.
A Granados y Marjaliza se les acusa, en general, de blanqueo, organización criminal, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, cohecho, utilización de información confidencial, malversación, prevaricación, falsificación documental y fraude.
2. Hechos referentes a la Diputación de León. La UCO detuvo a Marcos Martínez Barazón, presidente de este organismo que tuvo que dimitir del cargo, al interventor Suso López y al exjefe de Gabinete de Martínez Barazón, Pedro Vicente Sánchez. Se les acusa de amañar contratos sobre la estación de esquí de San Isidro y de pagar con dinero público a una red de periódicos digitales por mejorar su imagen personal. Se piden penas de prisión entre siete y diez años y medio.
3 Hechos referentes a la Comunidad de Murcia. En esta trama de concesión irregulares de contratos están imputados un exconsejero, Juan Carlos Ruiz, así como varios altos cargos de la Comunidad. Fueron detenidos el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso (PSOE); y el exsecretario de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo. Por el contrario, el expresidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, ha sido exculpado de la causa por falta de pruebas. La Fiscalía pide 57 años de prisión para los 15 acusados.
4 Actuaciones sobre urbanismo y contratación en Valdemoro. En esta población madrileña, de la que Granados fue alcalde entre 1999 y 2003, se investigan irregularidades urbanísticas en aquella época.
5 Presunta contratación ilegal en municipios madrileños. Se estudia la contratación pública de ayuntamientos madrileños, como Collado Villalba, Parla, Serranillos del Valle o Torrejón de Velasco. .
6 Contratos sobre eficiencia energética a la empresa Cofely. Se incluyen varios contratos sobre eficiencia energética con la multinacional francesa Cofely en municipios como Brunete, Collado Villalba, Alcalá de Henares o Móstoles.
7 Contratación irregular para eventos de Waiter Music. Esta empresa, quebrada tras desvelarse el Caso Púnica, financió eventos del PP y actos particulares de varios de sus alcaldes en municipios de Madrid como Valdemoro, Algete, o Moraleja de Enmedio, entre otros, hasta u total de 35.
8 Actuaciones de Granados en la Comunidad de Madrid. En esta pieza se instruyen los hechos acontecidos en la CAM en el periodo en que Granados fue consejero de la CAM, así como la actuación de sus colaboradores directos.
9 Financiación ilegal del PP en la Comunidad de Madrid. En esta pieza se incluyen las imputaciones de Aguirre, Cifuentes e Ignacio Cifuentes. La investigación se abrió tras el hallazgo de una agenda de Granados en la que puede leerse unas siglas junto a determinadas cantidades de dinero. El 12 de febrero de 2018, en declaraciones ante García-Castellón, Granados acusó a los tres expresidentes de la CAM de mantener una presunta Caja B del PP de Madrid. Los informes de la UCO aportan indicios de la asistencia a reuniones clave con responsables de empresas como Indra o su conocimiento de pagos a través de la Fundación Fundescam.
10 Adjudicaciones a Eico, Madiva y Pedro y Alonso Conesa. Se juzga la concesión de informes de reputación online a cargos públicos de diversas Administraciones, en un principio centrada en Madrid, pero extendida a la Comunidad Valenciana y a la de Murcia.
11 Comisiones pagadas por Alfedel por colegios concertados. Se persigue la constitución de cooperativas para la construcción y puesta en marcha de colegios concertados en la CAM, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia.
Piezas remodeladas
Las cinco piezas que serán integradas, tras la remodelación del sumario, se refieren a la trama internacional de presunto blanqueo de capitales de Marjaliza, Granados y sus respectivas esposas en Suiza y Singapur, con unas cuentas que acumulaban 11 millones de euros.
También, se fusionan los hechos sobre Prisma, Arpegio y Fundación Arpegio, por pago de comisiones a directivos de la CAM, así como la actividad de 20 consorcios urbanísticos, sobre adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones.
Se funde extensión a la zona de levante y ayuntamientos de la CAM del Caso Eico. Una parte de esta pieza se ha incluido en el Caso Taula, que afecta a todos los concejales del Ayuntamiento de Valencia, bajo la alcaldía de Rita Barberá, así como a los expresidentes de la Diputación de Castellón y de la Comunidad Valencia, Fabra y Camps.
Y, finalmente, una pieza sobre otros hechos, que continúan en la pieza principal del sumario.
