Un día después de que el PartidoPopular alcanzara un acuerdo de investidura con Vox y Ciudadanos, para el primer Ejecutivo de coalición en la Comunidad de Madrid, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ayer al juez Manuel García Castellón, que instruye el caso Púnica, que sean imputadas las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, al encontrar indicios de financiación ilegal del PP por pagar algunas de sus campañas electorales a través de empresas a las que les habrían adjudicado contratos a cambio de dinero para sufragar las mismas.
Los supuestos hechos constitutivos de delito se sustentan en informes de la Guardia Civil que sitúan a la primera expresidenta madrileña en reuniones claves de la trama. Yes en esa trama donde también sale salpicado Javier Monzón, expresidente de Indra, así como los exconsejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes. Sostienen los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción que Indra pagaba servicios no realizados a cambio de comisiones, y lo hacía a empresas que estaban vinculadas con las campañas electorales entre los años 2003 y 2012. En 2007 se detecta el pago a la empresa Formaselect Consulting de 566.497 euros.
Las fiscales Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez han presentado un escrito ante el titular del Juzgado Central 6 de Instrucción en el que reordena la macrocausa, que se lleva investigando desde 2014, y reduce de 16 a 11 las piezas.
Una labor que el Ministerio Público ha tardado medio año en hacer, desde que a principios de año el juez instructor instase a las fiscales a hacer una reestructuración de la causa, precisando los hechos y sujetos afectados en cada una de las líneas de investigación.
Fuentes jurídicas consultadas apuntan que el juez Manuel García Castellón estudiará a fondo el escrito presentado por Anticorrupción antes de tomar una decisión sobre la imputación o no de Esperanza Aguirre. Las acusaciones populares de este caso, e incluso el que fuera su mano derecha, Francisco Granados, llevan tiempo insistiendo al magistrado en que incluya a la investigación a la exdirigente madrileña por este mismo asunto delictivo.
En cuanto a Cifuentes, la UCO también la vinculó con pagos irregulares desde Fundación Fundescam –vinculada con el PP de Madrid– a "determinados empresarios y organismos empresariales, que ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales".
Otro informe de la Guardia Civil también destacó que Cifuentes era "partícipe y conocedora" de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.
Estas adjudicaciones se relacionan con las donaciones realizadas por el entonces vicepresidente de los empresarios madrileños a Fundescam, que, de igual manera, ha-brían servido para financiar irregularmente campañas electorales.
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