Antonio M. Simões Iglesias
- 25/05/2017, 00:09
25/05/2017, 00:09
Thu, 25 May 2017 00:09:15 +0200
La corrupción, definida, en el ámbito público, como un aprovechamiento privado, beneficio o enriquecimiento por parte de una autoridad pública o funcionario, prevaleciéndose de su posición y cargo, se ha convertido en una destructiva plaga que lejos de erradicarse se consolida en nuestra sociedad. No es un mal nuevo, pero sí un hábito muy extendido en España en los últimos lustros, que salpica a interminables responsables públicos de distinto color político. Se pueden citar, durante la época de gobierno de la UCD (1976-1982), asuntos tan graves como los de la venta fraudulenta del aceite de colza o Fidecaya; durante la primera etapa de mandato gubernamental del PSOE (1982-1996) su financiación ilegal, con el caso Flick, el caso Filesa, con un fraude estimado en 1990 de 7 millones de euros, el caso Guerra, caso Casinos-Ciu, caso Banca Catalana, caso Ibercorp, caso Urbanor- torres Kio, caso Sarasola, caso Cementerio, caso Gran Tibidabo, caso BOE o Salanueva, caso Expo'92, con pérdidas financieras de 200 millones de euros, caso Roldán, caso fondos reservados, caso Banesto, caso PSV-financiación ilegal de la UGT; durante la etapa del primer gobierno del PP (1996-2004), caso PP-Zamora, caso Pallerols-Unió Democratica, caso del Lino, condenándose al Estado a devolver 129 millones de euros, caso Villalonga-tráfico de influencias en Telefónica, caso Tabacalera, caso Forcem, caso Gescartera, con un impacto patrimonial de 50 millones de euros; etapa del segundo gobierno PSOE (2004-2011), caso Malaya o el saqueo de más de 500 millones de euros en el Ayuntamiento de Marbella, caso Gürtel-PP de Madrid y Valencia, con un impacto de 120 millones de euros, asunto Matas-PP balear, caso Pretoria- PSC y Ciu, caso Salayonga, caso de los ERE falsos, con estafa estimada de 140 millones de euros, caso Campeón, caso ITV, caso Palau, inicio caso Nóos y por último en los dos últimos gobiernos de PP (desde 2011) caso Emarsa-PP de Valencia y un impacto de 30 millones, caso Dívar-CGPJ, caso Bárcenas-caja B del PP, imponiéndose a este una fianza de 1,2 millones, caso Nóos con una estafa estimada de 16 millones, caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, caso sobre la inviabilidad de Bankia, o caso Blesa-Rodrigo Rato, Operación Púnica-cúpula PP de Madrid, con un coste estimado de 250 millones en pagos y comisiones ilegales, la reciente presunta financiación ilegal en campañas del PP, según la UCO, el interminable asunto de la fortuna "ignorada" de la familia Pujol, estimada en centenares de millones de euros por la UDEF, o el "repentino" caso de la corrupción en el Canal Isabel II, el caso Lezo, con la detención del ex presidente autonómico madrileño González e investigados como el ex ministro Zaplana o Villar Mir, dueño del grupo del que forma parte Colonial, propietario del inmueble privado sede principal del arrendatario Tribunal de Cuentas, a razón de más de 1,5 millones de euros anuales en concepto de renta.