
El Gobierno de Aragón, a través de la consejería de Hacienda, ha remitido una carta al Ministerio de Hacienda con el fin de pedir información, con carácter urgente, sobre la cantidad correspondiente a las entregas a cuenta del ejercicio de 2026, además de sobre la previsión de la liquidación definitiva correspondiente a 2024.
Una urgencia que se justifica por ser una información "imprescindible" para fijar el techo de gasto autonómico del ejercicio de 2026, como paso previo para la elaboración de los presupuestos de Aragón.
La carta, firmada por el consejero de Hacienda Roberto Bermúdez de Castro, pide la aclaración sobre esta información que habitualmente las comunidades autónomas conocen antes del paréntesis estival y, en paralelo, a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Un encuentro sobre el que la carta, remitida a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recuerda que también se producía "por estas fechas" y que, sin embargo, no se ha producido, a pesar de que diversas comunidades autónomas han apelado a su convocatoria en gran parte por el anuncio de la financiación singular para Cataluña.
Sin embargo, desde el Departamento de Hacienda, señalan que, en este ejercicio, "ni se ha convocado formalmente el Consejo ni tampoco se ha trasladado "información oficial" alguna a la comunidad autónoma, más allá de lo publicado en los medios de comunicación, que apuntan a que la reunión se celebraría "pasado el verano".
"El Gobierno de Aragón considera que, dadas las fechas, el Ministerio ya debe disponer de previsiones de ingresos suficientes para informar a las comunidades autónomas", ha explicado Roberto Bermúdez de Castro.
El consejero ha incidido, tras darse a conocer el envío de la carta a Hacienda, en que "no existe razón objetiva para no comunicar durante este mes los importes provisionales de las entregas a cuenta y la liquidación".
El Gobierno de Aragón ya ha comenzado formalmente el proceso presupuestario mediante la Orden HAP/658/2025, publicada en el BOA el 18 de junio, por lo que se incide en la necesidad de disponer de los datos para avanzar "con rigor" en la planificación económica del próximo ejercicio y llevar a cabo con normalidad el desarrollo del proceso presupuestario en Aragón.
Una demanda que se produce después de que se denunciara que Aragón recibirá en 2025 alrededor de 100 millones de euros menos que en el ejercicio anterior en concepto de financiación autonómica. Esta merma se considera desde el Ejecutivo aragonés un "atropello" que compromete la estabilidad financiera de la comunidad.
Es una situación ante la que, además, el Ejecutivo aragonés ha iniciado actuaciones formales, aparte de no descartar recurrir a la vía judicial en el caso de que no se garantice una financiación justa y suficiente.
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