La Comisión Europea insta al Gobierno español a que solucione una de las más clamorosas asignaturas pendientes que arrastra la legislación de nuestro país. Se trata de la ausencia de una normativa específica para la actividad de los llamados grupos de presión o lobbies.
La impaciencia de Bruselas está justificada considerando el notable retraso que España presenta en este ámbito, puesto que ni siquiera cuenta con un reglamento que defina a estos actores y el ámbito en el que deben llevar a cabo sus funciones.
Por el contrario, todas las grandes economías de la eurozona, e incluso de la OCDE (como Reino Unido), hace años que legislaron en este sentido. No hay excusas para acumular mayores demoras considerando el rápido crecimiento que el número de lobbies presenta ya que, sólo en el territorio español, su volumen se ha duplicado en tan solo dos años. Además, resulta indudable que en estos grupos tienen cada vez más representación los exmiembros del Gobierno, exdiputados y antiguos dirigentes de partidos.
Urge, por lo tanto, disponer de una legislación que garantice la plena transparencia de la actividad de estas personas a la hora de servir de interlocutores entre los poderes políticos y los intereses particulares a los que ahora representan.
No se trata de hacer una condena general y demagógica de las llamadas puertas giratorias. Si así se hiciera, todo profesional vería vedado su paso del sector público al privado, y resultaría imposible la atracción de talento por parte de las Administraciones. Ahora bien, la falta de una legislación que asegure el acceso a las labores y reuniones de este tipo de personas solo contribuye a alimentar las sospechas sobre posibles amiguismos e hipotéticos tráficos de influencias.
