El hecho de que el Gobierno se encuentre en funciones, y de que las elecciones se celebren en poco más de un mes, no es obstáculo para que el Ejecutivo siga impulsando el gasto público en tan breve intervalo, previsiblemente, a golpe de decreto-ley.
De hecho, ya se puede hablar de un desembolso extra de 11.540 millones. Gran parte de esa cantidad (6.700 millones) la absorbe la liberación de los pagos, en forma de adelantos a cuenta del sistema de financiación, que el Gobierno ha anunciado que realizará.
No debe despistar el cruce de declaraciones contradictorias en el seno del Ejecutivo sobre cómo se llevará a cabo. Puede asegurarse que Moncloa no renunciará a una medida de tanto impacto electoral antes del 10-N. Por iguales motivos, está también garantizada la subida de sueldo a los funcionarios (con efectos este año y el próximo) y todo apunta que también saldrá adelante la vinculación de las pensiones al IPC en 2020, tal y como ocurrió en 2018 y 2019, con un coste en este último caso de 2.200 millones.
Reactivación del coste
Puede ya afirmarse que esta reactivación del coste tendrá un inmediato efecto como es hacer inviable la consecución del objetivo de déficit previsto para este organismo, dado que la mayoría de los expertos ya prevén que escale al 2,5 por ciento del PIB y vuelva a acercarse al límite de los tres puntos porcentuales que Bruselas impone.
Pero, sobre todo, debe tenerse en cuenta el impacto de un desembolso de esta clase, destinado únicamente a gasto corriente, sin ningún tipo de impacto en la innovación y en la inversión productiva. Lejos de contribuir en nada a impulsar el PIB, constituirá un lastre más para una economía que ya en este año dejará de crecer por encima del 2 por ciento.
