Madrid
El Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto gastar 11.540 millones de euros de aquí a las elecciones generales, un dinero que no está presupuestado, y que supone un gasto extra del erario público. La semana pasada, era el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el primero en reconocer en un mitin, en Valencia, que el adelanto de las entregas a cuenta, a pesar de que el ejecutivo sigue en funciones, ya no será un problema, y por tanto, el desbloqueo será inminente, en cualquier caso, antes del 10-N.
Pero la entrega de los fondos a las administraciones regionales y locales antes del 15 de diciembre no será el único gasto extraordinario que prepara el Gobierno. Además, se estudia que las pensiones de 2020 sigan la misma vía legal, de manera que el incremento de las mismas sea también una realidad antes de que se acabe el año. Trescientos millones a los afectados por la quiebra de Thomas Cook en España, el incremento salarial de los funcionarios, el del año pasado y el de éste, y el gasto que se deriva de estos comicios, lo que eleva el dispendio público a 11.540 millones de euros, ahora que las autoridades económicas revisan el crecimiento del PIB español a la baja.
Un anuncio sorpresa
Dando por hecho que el Gobierno volverá a recurrir a la vía del decreto-ley para desatascar unos gastos que no están consignados en los Presupuestos prorrogados de 2018, las últimas Cuentas de Cristóbal Montoro con las que se maneja Pedro Sánchez, la gran sorpresa de la semana pasada fue el anuncio hecho por el presidente. El líder socialista desmintió a su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien apenas unos días atrás había enviado un paquete de cartas a las distintas administraciones regionales, señalando que "la actual situación del Gobierno en funciones impone importantes restricciones a la instrumentación jurídica de una medida de esta naturaleza".
El adelanto de las entregas a cuenta supone un desembolso de 4.500 millones
Contrariando esta comunicación ministerial, Sánchez dijo que se ha constatado que ya que vamos a elecciones de nuevo, es responsable evitar perjuicios a las comunidades. Así que 4.500 millones de euros -y no 7.000 millones- en los que se incluye la devolución del IVA que no se podrá llevar a la práctica- saldrán de las arcas del Estado en plena precampaña, a poco menos de 30 días de las elecciones generales, lo que ha suscitado la crítica del uso político que se ha hecho de estos fondos, en opinión de los barones populares.
El adelanto de esos 4.500 millones de euros son la parte que corresponde a las comunidades autónomas en la última quincena del año.
El compromiso presidencial
Si seguimos a rajatabla las declaraciones del presidente del Gobierno, otro de los gastos extraordinarios será el de pensiones. El pasado 20 de septiembre, Sánchez avanzaba en una entrevista en T5, su compromiso de revalorizar las pensiones con el IPC. El jefe del Ejecutivo hacía estas afirmaciones añadiendo que, gracias a él, en 2018 también subieron las pensiones un 1,6%, lo que es rigurosamente falso, pues este incremento se debió a un acuerdo presupuestario, de dos años, que alcanzaron el Gobierno de Rajoy con el PNV, y del que, tras la moción, Sánchez se vio beneficiado.
En la actualidad, las pensiones están indexadas al Índice de Revalorización de las Pensiones públicas. Ese índice marca un tope de 0,25%. El problema que tiene que sortear el Ejecutivo de Sánchez es cambiar el actual baremo del 0,25% por el IPC del momento, y que paradójicamente es del 1%, luego la subida de estas prestaciones sería menor que la que aprobó Rajoy en su tiempo.
También en el mes de septiembre, fuentes del Ministerio de Trabajo aseguraban a elEconomista que por esas fechas no se había hecho ninguna consulta a la Abogacía del Estado, haciendo hincapié en que la solución debía estar en diciembre, que es cuando se actualizan las pensiones.
Cambiar el actual Índice de Revalorización de las Pensiones al IPC eleva el gasto a 2.200 millones
Claro que, a tenor de los compromisos que está anunciado Sánchez, este gasto podría llegar en plena precampaña, añadiendo un coste de 2.200 millones de euros, teniendo en cuenta, como decimos, el último IPC, del 1%.
Actualizar salarios
La actualización de los salarios de los funcionarios engordará el gasto extra que el presidente Sánchez ejecutará antes de las elecciones generales. Al gasto añadido de 4.000 millones, correspondientes al incremento del 2,25% de 2018, y el del 0,25% de este año, la suma se eleva a 4.400 millones de euros. Lo que sucede es que la subida que corresponde a 2019 no se ha hecho efectiva para la gran mayoría de funcionarios, que no han visto como sus nóminas aumentan, a la espera de que los ministerios competentes den la orden. No en vano, la previsiones es que el incremento salarial llegue definitivamente en octubre.
Sin Presupuestos, la actualización salarial acarreará un gasto de 4.400 millones
Sobrevenido es, sin embargo, el gasto de las ayudas a los afectados en España por la quiebra de Thomas Cook, con 300 millones, a los que hay que añadir los 140 millones que el Estado tendrá que gastar para celebrar las elecciones del 10-N. Gastos a los que se pueden añadir otros nuevos, como los de los anteriores viernes sociales, cuyo coste llegó entonces a 3.200 millones de euros.
