El Ministerio de Sanidad autorizó el paso de la Comunidad de Madrid a la fase 1 por disponer de suficiente capacidad para hacer pruebas de diagnóstico de casos sospechosos de coronavirus y haber adecuado los recursos humanos al sistema de detección precoz de posible casos de coronavirus con más de 10.100 efectivos, incluyendo 600 en Atención Primaria y 169 en el departamento de Salud Pública, del que dependen los denominados 'rastreadores COVID'.
También valoró que su capacidad asistencial con 72,2 camas de agudo por cada 10.000 habitantes y de 2,8 de UCI sobre la misma proporción poblacional se encuentra "muy por encima" de lo establecido, a lo que sumó la respuesta de su sistema hospitalario durante la "onda epidémica" para adaptarse a la demanda asistencial que requería la población.
Así lo recoge el informe suscrito por la directora de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, el pasado viernes y publicado a última hora del lunes por el departamento dirigido por Salvador Illa -junto con los del resto de regiones- y que enfatiza que la curva epidémica del COVID-19 está en tendencia descendente en la Comunidad de Madrid.
Según el documento, la capacidad para realizar pruebas PCR, que fue uno de los aspectos claves de la segunda negativa a Madrid a pasar a fase 1, se ha incrementando "notablemente", con 15.529, aunque el promedio diario realizado descendió de 9.918 a 7.871 test, si bien entiende que ello se debe a la reducción del "número de sospechas detectadas".
"Así, se encuentra al 50,4% de su capacidad, por lo que podría considerarse que existe una reserva suficiente si se produce un incremento en la incidencia compatible con el despliegue de la estrategia de diagnóstico exhaustivo de casos sospechosos en Atención Primaria al mismo tiempo", remacha el documento.
El Ministerio de Sanidad valoró también los detalles aportados sobre el apoyo tecnológico y los equipos multidisciplinares para adaptarse a un escenario de "volumen alto de casos", con un protocolo de seguimiento de contactos, reorganización de los recursos de Salud Pública y la incorporación de voluntarios y efectivos adicionales.
"Todas las residencias están cubiertas por la asistencia sanitaria habitual"
En cuanto a la asistencia sanitaria en residencias, que fue puesta en cuestión por el Ministerio de Sanidad en el anterior documento, Salud Pública a nivel nacional recalca que se han realizado numerosas intervenciones y mayor detalle de la activación de los mecanismos.
"Según esta información, todas las residencias están cubiertas por la asistencia sanitaria habitual, los equipos de Atención Primaria hacen un seguimiento rutinario de forma presencial en residencias, los equipos de farmacia hospitalaria han repartido la medicación necesaria, así como los equipos de oxigenoterapia y el SUMMA 112 permite la movilización de los residentes al ámbito sanitario", especifica.
Ante esta valoración, el Ministerio recomienda "continuar con los esfuerzos" para desplegar el sistema de diagnóstico precoz y monitorizar sus indicaciones sobre todo en Atención Primaria. A ello añade ahondar en el despliegue de la estrategia de estudio de contactos sospechosos de coronavirus y monitorizar sus indicaciones.
Dos negativas previas
El Ministerio de Sanidad decidió el 15 de mayo dejar a Madrid en una fase cero relajada ( o 0,5) [aquí el informe] al considerar que su capacidad para desplegar pruebas PCR estaba "al límite", apreciaba que no aportaba datos sobre los tiempos de disponibilidad de la información recopilada en su sistema de vigilancia ante el COVID-19, que se debía consolidar en Atención Primaria, y no detectaba detalles del refuerzo del personal necesario.
Una semana antes, el departamento de Salvador Illa ya había denegado por primera vez el paso de Madrid. El informe del 8 de mayo fue el que sustentó la primera negativa a Madrid para ir a la fase 1 al detectar que la presión del coronavirus en Madrid era aún "moderada" y entonces apreciaba "algunas ideas" de su sistema de vigilancia de casos sospechosos, pero no describía su sistema de funcionamiento ni algunos aspectos "clave", como el circuito y las responsabilidades para recabar esa información, la integración en ello de los centros privados o cómo se integraban en el mismo las nuevas herramientas tecnológicas.
También se concluía que Madrid tenía que ampliar su capacidad para hacer pruebas PCR dado que la información aportada entonces mostraba que "podría resultar insuficiente" en caso de brote, con su implementación especialmente en Atención Primaria. En esta referencia, el Ministerio detallaba que ese sistema se iba a poner en marcha el 11 de mayo. "La proporción de positividad de la PCR a nivel hospitalario es aún muy elevada, de un 71 por ciento, lo que indica que la presión del Covid-10 es más elevada de lo deseable", apostillaba entonces Salud Pública a nivel estatal.
El segundo 'no' se anunció antes de firmar el informe
Sin embargo, los documentos a los que se tiene acceso desde anoche dejan una 'curiosidad'. La rueda de prensa en la que Illa confirmó el segundo 'no' a Madrid tuvo lugar previo a la firma del informe por parte de la directora general de Salud Pública. Es el único de los tres informes, el del 15 de mayo, con firma digital y en el que consta la hora de la misma: las 21:57 mientras que la comparecencia del ministro comenzó en torno a las 19:00 horas.
Los otros dos informes están rubricados a tinta por lo que se desconoce la hora de la firma y, por tanto, si esta tuvo lugar antes o después de que se confirmaran los resultados de los informes de las regiones.
Recurso al Supremo
La Comunidad de Madrid defendió cuando se rechazó en dos ocasiones su solicitud que cumplía con los indicadores sanitarios que marcaba el Ministerio de Sanidad en su estrategia de desescalada y consideró que esta negativa, sobre todo en el segunda negativa, había castigado "severamente" a los madrileños y sospechaba que era por motivos "políticos".
Así las cosas, el Gobierno regional registró un recurso al Tribunal Supremo en el que argumentaba que en el primer rechazo no recibió informe técnico al respecto y apreciaba en las resoluciones del Gobierno central una "diferencia de criterio que sitúa la decisión en el ámbito de la arbitrariedad".