Hacer frente al coronavirus está siendo muy caro, y el coste sanitario recae sobre las autonomías, titulares de las competencias de Sanidad. La primera aproximación sobre el impacto que tendrá la pandemia en la salud financiera de las regiones la hizo Moody's en un informe reciente. Su pronóstico es claro: el déficit agregado de todas ellas puede pasar del -0,6% de 2019 a una horquilla situada entre el -1,7% y el -2,8%. Y, ante tal escalada, pese al escenario heterogéneo que presentan los territorios, todos coinciden en pedir auxilio al Gobierno.
Madrid presentaba un estado envidiable al cierre de 2019. La autonomía cumplió con el objetivo de estabilidad presupuestaria, al registrar un déficit público del 0,1% de su PIB, según los datos que publicó la Intervención General de la Administración del Estado hace dos semanas. Pero la escalada del gasto en la comunidad más afectada por el COVID-19 puede cambiar de forma drástica su situación.
Ante tal circunstancia, la Consejería de Hacienda ha remitido una carta al Gobierno (junto a otras comunidades lideradas por el PP) en la que pide que todo el gasto asociado a la pandemia no compute como déficit. Es decir, pide el mismo trato que el Gobierno de España exige a Europa. La comunidad estima que el gasto extra provocado por la pandemia se situará en unos 2.000 millones, asociados a la contratación de personal sanitario, compras de bienes y ayudas a pymes y autónomos.
La Generalitat de Cataluña da por hecho que no cumplirá las previsiones de los Presupuestos de 2020, que el Parlament prevé aprobar el 24 de abril. Solo en Salud, estima un gasto adicional de 1.800 millones de euros por la pandemia, el doble que el incremento presupuestario previsto para dicha Consejería este año. El parón económico tampoco permitirá cumplir las previsiones de aumento de ingresos, lo que impedirá el cumplimiento del techo de déficit y de reducción del peso de la deuda sobre el PIB, que tenía como objetivo situarse en el 31,4% del PIB en 2020, 1,3 puntos menos que el objetivo de 2019.
Por ello, la Generalitat también ha solicitado al Gobierno que traslade la decisión de las instituciones europeas de suspender los objetivos de estabilidad asignados para 2020 a todas las administraciones públicas del Estado, de forma que estas puedan disponer de más recursos para hacer frente a la pandemia. En este sentido, pide además al Ejecutivo que aproveche el programa de compra de deuda del BCE (por valor de 750.000 millones, de los que hasta 73.000 corresponden a España) para obtener recursos que le permitan financiarse.
El 'virus' de la infrafinanciación valenciana
En la Comunitat Valenciana el COVID-19 está golpeando con fuerza las ya maltrechas finanzas de la autonomía, que es la más endeudada de España en términos relativos con un volumen que alcanza el 42,1% de su PIB. La región se enfrenta al gasto extra de la pandemia en plena pugna por corregir su infrafinanciación, ya que es, según admite el propio Estado, la que menos recibe por ciudadano con el actual modelo de financiación.
El presidente Ximo Puig cifra en al menos 300 millones el coste extra desembolsado para hacer frente a la pandemia, y teme que este abultado imprevisto llegue incluso a dejarla sin liquidez. Por ello solicita al Ejecutivo el anticipo de 2.200 millones de euros mediante el avance la liquidación correspondiente a 2018 -que habitualmente llega en el mes de julio-, y que, además, active ya el FLA extraordinario.
Adiós al superávit vasco
El escenario previo de Euskadi está en las antípodas del valenciano. Se trata de la autonomía con menor deuda de toda España respecto a su PIB (el 12,6%), y viene de dos ejercicios consecutivos cerrados con superávit. No obstante, advierte de que el coronavirus va a romper esta buena tendencia. "La deuda subirá, seguro", indican.
En cuanto al coste sanitario de la pandemia, el Gobierno de Euskadi asegura que la distorsión en el presupuesto será importante. "No tenemos un gasto fijo en salud motivado por el COVID-19, pero entre nuestras medidas económicas hemos reservado 200 millones al efecto". Para hacer frente a esta situación reclama "flexibilización", dada "la fuerte distorsión" en sus cuentas.
"Saldo negativo" en Castilla y León
La Junta de Castilla y León también prevé un importante incremento del déficit y la deuda de este año a causa del coronavirus. Según denuncia su vicepresidente, Francisco Igea "a día de hoy" el saldo es negativo para la autonomía, ya que ha dejado de percibir del Gobierno 144 millones del IVA más otros 80 de las políticas activas de empleo, y solo ha recibido 17 millones para material sanitario y otros 17 millones para servicios sociales.
En total, se trata de 34 millones de euros "que no cubren" ni los cerca de 50 destinados a la adquisición de material de protección sanitario. Por ello reclama a Sánchez la creación de "un fondo finalista, una contabilidad aparte" para los gastos derivados de la atención sanitaria y las ayudas por la crisis del coronavirus.
