Saludable

Cómo combatir la obesidad sin subir los impuestos

  • Subir impuestos a determinados alimentos solo conduce a su sustitución por otros similares
  • La regresividad de este tipo de impuestos recaería en los hogares con una menor renta
Foto: Archivo
Madrid

El informe Medidas fiscales contra la obesidad: efectividad, costes y alternativas de política pública, elaborado por la consultora y PwC (PricewaterhouseCoopers) pone de manifiesto que el aumento de la presión fiscal a determinados alimentos o productos no garantiza una reducción del sobrepeso y la obesidad ni tienen un efecto probado en la salud, sino que se trata de un problema en el que interviene muchos factores. El estudio evalúa también el impacto económico que tendría el incremento del IVA del 10% al 21% para determinadas categorías, como el que pretende aplicar el Gobierno a las bebidas azucaradas y edulcoradas, tanto en el sector primario como en la industria agroalimentaria española.

Anna Merino, directora de Estrategia de PwC, recuerda que desde 2006 varias administraciones públicas se han planteado poner un impuesto, o bien sobre el azúcar o sobre alimentos y bebidas con un mayor contenido en azúcares, sal o grasas con la intención de combatir el sobrepeso o la obesidad. "En principio ese tipo de impuestos tienen un carácter extrafiscal y, por lo tanto, lo que se pretende con esta política fiscal es cambiar hábitos de consumo que de forma indirecta lleven a una disminución de la obesidad y a una disminución del gasto asociado a temas de salud".

Para Merino, cuando se plantea una política fiscal esta no se puede contemplar de forma unilateral: "Hay que ver la eficacia que tiene una política de estas características y su eficiencia. A la Administración Pública esto le genera unos ingresos, pero también tiene que mirar todos los efectos colaterales que una medida de estas características conlleva para la sociedad y todo lo que es la actividad económica". Para responder a estas cuestiones, PwC analiza la efectividad de la política fiscal para cambiar los hábitos alimenticios; evalúa el potencial impacto socioeconómico de un impuesto sobre los alimentos y las bebidas en España, y propone alternativas para fomentar hábitos saludables.

El informe considera que la obesidad es un problema de salud global y de carácter multifactorial, que afecta especialmente a los países del primer mundo, y dice que desde mediados de los años setenta, al igual que otros países desarrollados, España ha incrementado la tasa de prevalencia por sobrepeso. "Hemos conseguido, en los últimos años, reducir la ingesta de calorías, pero también es verdad que el sedentarismo se ha ido incrementado. Esto ha provocado un desequilibrio entre ingesta y gasto calórico. Actualmente en España, con datos de 2017, tenemos una tasa de sobrepeso del 37,1%, que se traduce en una tasa de obesidad del 17,4%", precisa la directora de Estrategia de PwC.

Como solución al problema de la obesidad y el sobrepeso, refiere el informe, "muchos gobiernos han recurrido a las políticas fiscales con el propósito de cambiar hábitos de alimentación en sus ciudadanos", para a continuación señalar que "dado que objetivo último es una mejora de los hábitos alimentarios, y en consecuencia una reducción de la prevalencia de la obesidad, la eficacia de cualquier medida fiscal debe medirse sobre su capacidad real para lograr este fin, y no a través de la mera reducción del consumo gravado".

Sustitución de productos

En este sentido, el estudio dice que la evidencia empírica y la experiencia de países como Francia y México, que son los que hace más tiempo que han implantado un impuesto de estas características, en concreto seis años, "el primero a bebidas azucaradas no alcohólicas y el segundo a bebidas azucaradas y productos calóricos", comenta Merino, han mostrado que la capacidad de las medidas fiscales para mejorar la salud y reducir el peso corporal o las cifras de obesidad son limitadas o no concluyentes, "principalmente porque no garantizan que con un impuesto a determinados productos se consiga aumentar el consumo de otros alimentos más saludables, y, en muchos casos, solo provoca un efecto sustitución del producto gravado por otro similar que no incluye tasas o con una tasa más baja".

Merino cita estudios de la OMS (Organización Mundial de la Salud) "en los que se habla de que para que realmente haya un cambio de hábito en los consumidores, y se produzca esta sustitución, los valores en el incremento de los precios tendrían que ser superiores al 20%. Esto conllevaría un impacto en el mercado, en lo que es la oferta y la demanda, de forma sustancial". Asimismo, en el informe de PwC se relata que ante la falta de evidencia cierta sobre la efectividad del impuesto para lograr el fin último que persigue -mejorar la salud y reducir los índices de obesidad- países como Dinamarca, Eslovenia, Colombia o Australia, "que en su momento intentaron aplicar algún impuesto de estas características, en el caso de Dinamarca impuestos sobre grasas" apunta Merino, al final decidieron eliminarlo o no aprobarlo por su impacto negativo sobre la actividad económica, empleo o la equidad.

La consultora ha analizado o como dice "hecho un ejercicio de simulación" sobre el impacto económico que tendría en la economía española un incremento del IVA del 10% al 21% para determinados productos. Así, el informe pronostica una caída de facturación directa, fundamentalmente una caída de ventas en el canal de la distribución, de entre 119 y 370 millones de euros, dependiendo de las categorías de productos que se incluyan en el análisis; sal, azúcar, etc. Esto implicaría, a su vez, a una reducción del Valor Añadido Bruto (VAB) total de entre 110 y 334 millones de euros. En torno a la mitad de los impactos en VAB se concentrarían en los diferentes sectores que conforman el sistema agroalimentario: sector agrario (14-130 millones de euros); industria (26-249 millones); transporte (3-33 millones); distribución (8-80 millones) y restauración (2-39 millones).

El estudio de PwC habla también del impacto social que traería consigo un aumento de los impuestos a determinados productos. Así, recalca que la caída de la actividad económica y el empleo en el sector agrario y la industria agroalimentaria afectarán al entorno rural y los municipios más pequeños, actualmente en riesgo de despoblación y con graves problemas de empleabilidad. Además, en PwC alertan de que "La regresividad de este tipo de impuestos provocaría que los hogares con el nivel socioeconómico más bajo, cerca de 4,7 millones, aporten a la recaudación del impuesto hasta un 22% más de los que les correspondería según su contribución a la renta nacional, que es del 17%. Los impuestos ad valorem [según el valor] aplicados en función del precio del producto, como el IVA y los impuestos unitarios, son muy regresivos, ya que no tienen en cuenta la renta de los hogares: por cada unidad de producto comprado pagan lo mismo las rentas más altas que las más bajas".

Enfoque multifactorial

En informe de la consultora defiende que "dado que la causa de la obesidad es multifactorial, creemos que la mejor forma de hacerla frente es aplicando un enfoque holístico y multisectorial, en el que se actúe en cada una de las causas con la participación de todas las ramas de actividad implicadas, y abordándolo desde el punto de vista de la colaboración público-privada en un ejercicio de cooperación entre la Administración y las empresas".

Al hilo del argumento anterior, en PwC ponen como ejemplo las acciones acometidas por países como Francia, Inglaterra, Portugal, Finlandia, Austria, Suiza o Japón, donde se ha intervenido de forma global: dando en los medios de comunicación información veraz sobre las causas y consecuencias del sobrepeso; con campañas prevención de la obesidad y de prescripción de la actividad física; con educación alimentaria en colegios; mediante la autorregulación y códigos de buenas prácticas en la industria alimentaria; o bien con información sobre la disponibilidad de opciones saludables entre la distribución y la restauración. Otras políticas complementarias que han llevado a cabo en dichos países son la promoción de la vida saludable en el entorno laboral, el desarrollo de infraestructuras como carriles bici o espacios deportivos, o programas y talleres formativos.

Los expertos en alimentación también consideran que un abordaje eficaz de la obesidad no pasa solo o necesariamente por una subida de impuestos. "No creo que gravar económicamente a algunos alimentos realmente sea la solución para promover una alimentación saludable. Lo indicado sería una educación alimentaria correcta que indujera a un conocimiento profundo de las pautas alimentarias saludables", sugiere Antonio Escribano, Catedrático de Nutrición Deportiva y especialista en endocrinología y nutrición.

Por su parte, Dolores del Castillo, del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación UAM-CSIC (Universidad Autónoma de Madrid-Consejo Superior de Investigaciones Científicas) está convencida de que "un impuesto a un producto determinado reducirá la ingesta de ese producto en concreto, lo que no quiere decir que eso vaya a reducir los niveles de obesidad, porque depende de lo que coma la gente". Del Castillo incide en que, "al margen de las bebidas azucaradas hay muchos productos a los que no se les va a establecer la tasa y tienen un alto contenido en azúcar. Dejar de consumir un alimento al que se le ha subido la tasa impositiva no es suficiente. Todo cuenta, el azúcar que se come, el ejercicio que se hace…"

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