Madrid
El Ministerio de Sanidad pide acabar ya con el modelo de Muface e incorporar en 9 meses a toda la población mutualista a la sanidad pública. Para el departamento de Mónica García esta opción es "tanto viable como razonable" por la falta de acuerdo del Gobierno con las aseguradoras y por el envejecimiento de la población, que hace que el modelo no sea "sostenible".
Así se recoge en un documento que ha elaborado el propio Ministerio, si bien este departamento carece de competencias en la renovación del acuerdo del mutualismo, al ser un ámbito exclusivo del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. No obstante, como ha señalado en declaraciones a los medios este mismo lunes el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en el caso de que las negociaciones con las aseguradoras privadas "no sean fructíferas", comenzarían las "conversaciones" de Sanidad con las comunidades autónomas.
Tal y como desgrana el informe, la población mutualista está más envejecida que la población general (la edad media de la población mutualista de Muface ha aumentado 3,7 años en la última década), por lo que, en el caso de continuar el modelo actual, "los incrementos de cápita que tendrían que producirse a futuro serían de una cuantía importante". Además, el documento insiste en que cada vez hay menos población joven mutualista que "compense" los costes de las poblaciones más mayores, por lo que, culmina, la transición de los mutualistas hacia la sanidad pública "es una decisión que habrá que tomar antes o después".
En términos globales, la incorporación de la totalidad de la población mutualista de Muface con seguro sanitario privado supondría un incremento medio del 2,12% en el número de personas que recibirían prestación sanitaria pública. Por CCAA, Andalucía, Castilla y León y Extremadura son las que tendrían que incorporar a un mayor porcentaje. Además, son las que lo harían con más personas mayores de 65 años.
Selección de riesgos
"El modelo Muface en la actualidad no es sostenible, ni siquiera con un aumento importante de la cápita, porque ningún sistema de aseguramiento funciona si no tiene un pool de riesgos que permita ejercer contrapesos entre quienes más demandan el servicio y quienes hacen un uso menos intenso", se expone en el informe.
La mutualidad de los funcionarios no permite, a priori, esa gestión de riesgos tal y como las aseguradoras ejecutan con productos individuales, ya que son los propios mutualistas los que deciden cada año quién gestiona su sanidad: si las compañías privadas o el sistema público. Sin embargo, algunas fuentes explican que en los últimos conciertos se están acentuando prácticas de derivación de pacientes con enfermedades oncológicas o similares a la sanidad pública ante el aumento de costes del concierto.
De hecho, el propio Padilla ha asegurado que, si bien la población de Muface es "más sana" que la general - registran una menor prevalencia de diabetes e hipertensión arterial y cardiopatía isquémica, entre otras enfermedades- en patologías como el cáncer, donde la prevalencia es mayor que en la población general, los mutualistas se marchan a la sanidad pública. "Lo que nos dicen los estudios es que, cuando una persona de Muface tiene un diagnóstico de cáncer, que necesitan intervenciones de alto coste y baja rentabilidad, tiende a cambiarse al Sistema Nacional de Salud. Esto es lo que se llama selección de riesgos: estamos nacionalizando los riesgos. La empresa privada está asumiendo los beneficios a este respecto", ha zanjado.
Para Sanidad, por tanto, la solución a la encrucijada de Muface pasa por una prórroga de 9 meses del concierto actualmente en vigor, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, y plantear durante esos 9 meses un proceso de internalización de la provisión sanitaria de los mutualistas para que se hiciera cargo el Sistema Nacional de Salud.
Así, para llevar a cabo la transición, el Gobierno destinaría la financiación que actualmente suministra a las aseguradoras a las CCAA, a fin de que estas las inviertan con carácter finalista durante los tres primeros años en los respectivos servicios autonómicos de salud. En su documento, Sanidad señala que el coste marginal de la incorporación de este porcentaje de población a la cobertura sanitaria pública no es el mismo que el coste medio total, siendo inferior a este.
Durante esos 9 meses, el departamento propone una "incorporación paulatina" estratificada por letra de comienzo del primer apellido, edad y aseguradora prestadora de servicios, pudiendo trabajarse, singularizando su aplicación a nivel de CCAA, en diferentes elementos.
A este respecto, el departamento de Mónica García contempla algunas casuísticas concretas. En este sentido, defiende que los pacientes que estén inmersos en procesos terapéuticos que precisen continuidad deben ser "de los últimos" en ser traspasados al sistema sanitario público. "En este tipo de pacientes, en el caso de existir alguna contraindicación absoluta a la transferencia de su asistencia sanitaria (situación de final de la vida o muy alta complejidad en procesos oncológicos) se podrá valorar una vía excepcional de renegociación temporal de un aseguramiento extraordinario que permita la prórroga durante un año más allá de la extinción de la prórroga", sostiene el documento.
Además, Sanidad también plantea la elaboración de un plan de transición y continuidad para garantizar que los pacientes atendidos por procesos crónicos de alta complejidad puedan ser atendidos con normalidad en sus centros hospitalarios de referencia del SNS sin necesidad de una primera consulta. Este plan, además, contemplaría las primeras visitas de Atención Primaria.
Otra de las propuestas de Sanidad pasa por la instauración de un "plan de transferencia de información clínica" de los mutualistas para asegurar la continuidad en la asistencia y evitar la duplicidad en la realización de pruebas diagnósticas y terapéutica. En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, Sanidad propone que los procedimientos que sean indicados por profesionales de las aseguradoras privadas a pacientes de Muface durante los primeros cuatro meses de la prórroga del concierto se realicen por la aseguradora en cuestión.
CSIF sopesa la huelga
El sindicato CSIF, el más representativo dentro de los trabajadores adheridos a Muface, ha pedido explicaciones al Ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López, para que corrija al Ministerio de Sanidad, de Mónica García, sobre el informe filtrado hoy.
Desde la organización confirman que no van a aceptar "la decisión unilateral del Gobierno sobre la posibilidad de terminar con Muface" y ya están valorando el alcance de las movilizaciones que preparan en los próximos días. Afirman que estas irán desde manifestaciones a paros, aunque no se descarta la huelga.
Por su parte, ni UGT ni Comisiones Obreras (CC.OO.) se han pronunciado al respecto. Alegan que no les ha llegado ninguna comunicación oficial por parte del Gobierno.
Sanidad no tiene ningún poder de negociación en este asunto puesto que no es su competencia, pero no es la primera vez que García se pronuncia al respecto. Ha llamado a la mutualidad "subsistema anacrónico" y ha tenido algún enfrentamiento por esto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.