Sin novedades. Ese es el titular que dan los tres sindicatos que se han reunido hoy con la directora general de Muface, Myriam Pallarés, y la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli para conocer en qué punto está la mutualidad de los funcionarios, contrato que finaliza este próximo 31 de diciembre. Por ello, CSIF, el sindicato mayoritario ya que acoge a muchos docentes (que son la gran mayoría de adheridos a Muface) ha anunciado movilizaciones a nivel estatal ante la inacción por salvar este modelo. Por su parte, Comisiones Obreras (CC.OO.) amenaza con llevarlas a cabo y UGT, por el momento, no se ha pronunciado sobre este aspecto.
Desde las organizaciones sindicales, desvelan que el Ejecutivo no les ha trasladado novedades respecto a la nueva licitación que ya se está planteando entre el Ministerio de Función Pública y la mutualidad. El contrato que lanzó la administración quedó desierto el pasado día 5 de noviembre, tras no presentarse ninguna aseguradora.
Las que hasta ahora estaban presentes (Adeslas, Asisa y DKV) llevan tiempo reconociendo que Muface les supone un agujero en sus cuentas. Entre las tres cifraron que en este último trienio han perdido más de 400 millones de euros.
Por ello, el ministerio dirigido por Óscar López anunció el pasado mes de octubre una movilización masiva de fondos para tratar de salvar el modelo, con un incremento de las primas del 17,12% para el próximo bienio, cifras históricas. A pesar de ello, ninguna de las tres que forman parte del concierto han entrado en el concurso, ya que exigían una subida de las primas medias de aproximadamente el 40% para continuar.
Los tres sindicatos coinciden en que en la reunión, tanto Muface como el Ejecutivo han trasladado un mensaje de tranquilidad, ya que afirman que están trabajando en una licitación nueva, más atractiva para las compañías, aunque sin publicarse sus condiciones. Según trasladan las organizaciones, el Gobierno posee de mecanismos para mantener la prestación de servicios mientras esa nueva oferta llega, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. Esto extendería la actual licitación otros nueve meses.
Trabajo para el Gobierno... y para las aseguradoras
Además, las organizaciones sindicales también han criticado a las aseguradoras: "Nuestro objetivo son los mutualistas, por lo que apelamos a un esfuerzo del Gobierno, pero también de las aseguradoras para que también tengan una mayor responsabilidad social", afirmó a la salida de la reunión Maribel Loranca, secretaria de Enseñanza de UGT.
Comisiones Obreras incidió en que las compañías están haciendo "chantaje" y "jugando con la salud de las personas", por lo que reclaman "conocer la situación real sobre la nueva licitación y la necesidad de un estudio exhaustivo de los costes sanitarios que supone la atención a las personas mutualistas".
Por parte de CSIF, afirman que iniciarán una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para hacer presión por otras vías "en caso de que el Gobierno no atienda nuestras exigencias". También explican que asesorarán jurídicamente a las personas que su atención sanitaria se vea afectada por la situación.