Valencia
El Gobierno valenciano que preside Ximo Puig ha aprovechado los últimos días de 2022 para incluir en los presupuestos del ejercicio algunos de los gastos pendientes desde hace años. Entre ellos se encuentran un volumen de 19,5 millones de euros pendientes con la concesionaria del departamento de salud Elche-Crevillente, del grupo sanitario Ribera, entre 2010 y 2012.
El Consell ha vuelto a recurrir a la fórmula del expediente de resarcimiento para poder incluir estos gastos de años anteriores en las cuentas de 2022, en un acuerdo que además fue aprobado en la última sesión del Pleno del año pasado, celebrada el 30 de diciembre. Según refleja el Diari Oficial ese importe corresponde a "servicios prestados por Elche-Crevillente Salud en el período comprendido entre 2010, 2011 y 2012". Se trata de la concesionaria de la gestión del hospital del Vinalopó de Elche y su área de salud, que pertenece al grupo sanitario Ribera.
Las liquidaciones entre las concesiones sanitarias privadas y la Conselleria de Sanidad han sido una fuente constante de litigios entre las empresas y la Administración valenciana, tanto en la época del PP que fue quien promovió esa fórmula de colaboración público-privada, como con el Botànic, que ha puesto en marcha la reversión de ese sistema.
Precisamente con el Gobierno de izquierdas Sanidad ha recuperado la gestión de los departamentos de salud del hospital de la Ribera en Alzira y de Torrevieja que estaban en manos del grupo valenciano, ahora controlado por la francesa Vivalto Santé.
Litigios por las liquidaciones
Según el último informe de la Sindicatura de Cuentas valenciana, a 31 de diciembre de 2021 existían 45 liquidaciones anuales pendientes de aprobación. Aunque el informe asegura que se "desconocen los importes definitivos de estas liquidaciones y, por tanto, no es posible determinar el efecto que su adecuado reflejo contable". Así, aunque cuantifica en 530,7 millones las liquidaciones pendientes a favor de la Generalitat y en 115,8 millones lo que aún se debe resarcir a las concesionarias según las cuentas de la propia Administración, señala que debido a los continuos litigios es difícil valorar el impacto real.
Precisamente la Sindicatura de Cuentas se muestra muy crítica con el continuo recurso a la fórmula del expediente de resarcimiento para regularizar gastos no presupuestados en años anteriores y, por ello, sin los controles exigibles a la Administración y en principio reservados para situaciones excepcionales que sin embargo se han ido normalizando tras la pandemia. En 2021 el Gobierno valenciano convalidó 1.808,3 millones de euros mediante expedientes de "resarcimiento de enriquecimiento injusto", del que prácticamente el 90% correspondió a Sanidad.
