La innovación en la industria agroalimentaria vuelve a quedar relegada a un segundo plano. Aunque el Gobierno ha insistido siempre en la necesidad de invertir y potenciar el I+D, la realidad es muy distinta y apenas 148 millones de los más de 1.001,91 de inversión pública del Perte agroalimentario, que se presentará mañana en Ciudad Real, se destinarán a este concepto.
Es solo un 15% del total a pesar de que sigue siendo la gran asignatura pendiente, sobre todo tras el gran crecimiento que han tenido en los últimos años las marcas blancas, lo que ha frenado la inversión por parte de los fabricantes.
Falta de I+D+I
No se trata de algo superfluo porque, de acuerdo con la Encuesta de Innovación de Empresas del INE, el porcentaje de empresas innovadoras en España en el sector agroalimentario es de tan solo un 17,5%. Desde el Gobierno se insiste en que "la apuesta a largo plazo de la Administración General del Estado por la I+D+I se ha materializado en un total de 58 centros e institutos de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entre ellos el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, que aglutinan a 436 grupos de investigación y ejecutan en la actualidad 3.783 proyectos".
Pero lo recursos, según llevan tiempo denunciando en el sector, siguen siendo insuficientes. El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del sector agroalimentario, aprobado el pasado mes de febrero, prevé generar un impacto económico de 3.000 millones y la creación neta de hasta 16.000 empleos. Pero el 85% de los fondos europeos irán para cuestiones ajenas a la innovación. Del total, 454,35 millones de euros se utilizarán para impulsar la digitalización, especialmente en las zonas agrícolas y rurales, y otros 400 millones más para el propio fortelecimiento de la industria con el objetivo de garantizar un "suministro alimentario a la población a precios razonables y estables y la contribución del sector al equilibrio de la balanza comercial española, clave en la recuperación económica", según se recoge en la memoria del proyecto.
Tal y como señaló ya en frebrero, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, los objetivos del proyecto son incrementar la competitividad y la sostenibilidad de la industria agroalimentaria ante los retos que se avecinan, como el cambio climático, la conservación del medio ambiente, del suelo, del agua, del aire y de la biodiversidad. Planas hizo, de hecho, un especial énfasis, en "los temas relativos a la trazabilidad y la seguridad alimentaria en un país que ya cuenta con los más altos estándares de seguridad del mundo".
Tres ejes
El Perte agroalimentario se articula así alrededor de tres ejes. El primero hace referencia a la inclusión de un paquete de apoyo específico para la industria, con el objetivo de mejorar sus procesos de producción, vinculados con su competitividad, sostenibilidad y trazabilidad de la producción de alimentos. El segundo tiene en cuenta medidas concretas para apoyar el proceso de adaptación digital que se extiendan a todos los agentes que forman parte de su cadena de valor (desde el campo a las empresas de producción, transformación y comercialización).
Y, por último, el tercer eje contempla medidas específicas de apoyo a la innovación y la investigación, claves, según el Gobierno, "para lograr un sector agroalimentario competitivo, que produzca más con menos recursos y con un menor impacto ambiental, contribuyendo así a la seguridad alimentaria y a la diversificación de las producciones y los alimentos a precios razonables", a pesar de ser la partida que cuenta con menos apoyo económico. Son medidas, en cualquier caso, que se proyectan a lo largo de toda la cadena, no únicamente en el eslabón de la industria alimentaria.
