El campo se planta ante Bruselas. Aunque el sector ha acogido de forma satisfactoria la flexibilización de los requisitos medioambientales de la Política Agraria Común (PAC) para las pequeñas explotaciones, las organizaciones agrarias consideran que la medida no es suficiente y que son muchos los temas que quedan aún pendientes.
Tal y como vienen demandando desde hace tiempo, Asaja, UPA y Coag exigen la aprobación de las denominadas cláusulas espejo con el objetivo de que "se impongan las mismas normas y exigencias a los productos que vienen de fuera de la UE que a las producciones europeas".
España es favorable a la aprobación de estas cláusulas, pero no cuenta con los apoyos necesarios ya que son mayoría los países que importan grandes cantidades de países extracomunitarios y que sufrirían, por lo tanto, un incremento de los precios de la comida. Más allá de las cláusulas espejo, agricultores y ganaderos exigen también que "se respete el mercado único europeo y se legisle contra medidas proteccionistas nacionales o acciones que atenten contra el libre comercio dentro de la Unión Europea". Asimismo, desde el campo se critica también que Bruselas apenas haya tenido en cuenta a los ganaderos, exigiendo que se tomen medidas también para facilitar su viabilidad, flexibilizando igualmente los requisitos medioambientales y de bienestar animal.
Seguros agrarios
A nivel nacional, otra de las grandes preocupaciones está en los seguros agrarios. El campo reclama que se asegure un presupuesto suficiente por parte del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las comunidades autónomas para financiar hasta el 60% del coste de las pólizas para las explotaciones familiares profesionales.
Además, se solicita que el exceso de siniestralidad como consecuencia de los efectos del cambio climático lo asuma el Consorcio de Compensación de Seguros Agrarios. El campo reclama también a la Unión Europea la creación de un fondo específico para hacer frente a los efectos del cambio climático en la agricultura y la ganadería. El sector agrario encara una nueva subida de costes con un encarecimiento de las pólizas de los seguros del 27% en el último trienio y con el nivel de siniestralidad alcanzando cifras históricas. La sequía y el cambio climático ha provocado que el recibo de las primas haya pasado en total de 797,8 millones de euros en 2020 a 1.011 millones el año pasado, según los datos del último informe de Agroseguro.
Tan solo en 2023 la subida ha sido del 16%. Y, mientras, la siniestralidad ha alcanzado los 1.241 millones, una cifra nunca vista. Es un 55% más respecto al último récord, que se alcanzó en 2018. La mayor parte de las indemnizaciones corresponden a la sequía, sobre todo durante el primer semestre del año, que asoló a los cultivos de secano, con compensaciones por un total de 496 millones.
El campo exige, además, establecer una interlocución estable y normalizada entre Transición Ecológica y las organizaciones agrarias, el desarrollo de una ley que establezca la creación del Comité Asesor Agrario como órgano de representación y la puesta en marcha de una política de estado para el medio rural con todos los actores implicados, que incluya la creación de una mesa para trabajar en este ámbito y "asegurar la calidad de vida, los servicios públicos esenciales, la residencia y la actividad económica en las poblaciones rurales".
Como respuestas a las movilizaciones del sector agrario en las últimas semanas, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha presentado esta semana un documento a las organizaciones agrarias con un total de 43 medidas, algunas de las cuales ya han sido incluidas en la modificación del Plan Estratégico de la PAC por parte de Europa. Así, además de la flexibilización en la aplicación de las denominadas Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales (BCAM), que regulan, entre otros, las rotaciones en la tierras de cultivo, el barbecho y los tratamientos fitosanitarios, se plantean distintas propuestas para atender a las peticiones de agricultores y ganaderos.
Entre otras cosas, el Gobierno se compromete a apoyar en Europa la aplicación de las cláusulas espejo, a establecer un grupo de trabajo permanente para el seguimiento de las exportaciones e importaciones agrícolas o a reforzar los controles en frontera a las importaciones de terceros países. Además, Planas ha prometido elevar al rango de agencia estatal a la Agencia de Control de Información Agroalimentario (Aica), reforzando su capacidad inspectora; dinamizar las publicaciones del Observatorio sobre costes y márgenes, defender la actualización de la directiva europea de prácticas comerciales desleales y reformar los seguros agrarios.
