
La Inspección de Trabajo ha confirmado una nueva sanción contra la empresa de reparto a domicilio Glovo por el empleo de 49 falsos autónomos como repartidores en Asturias. Si bien la plataforma ya ha sido sancionada en otras ocasiones, se trata de la primera que afecta a hechos ocurridos tras la entrada en vigor de la Ley Rider el 12 de agosto de 2021.
Desde la entrada en vigor de la nueva normativa que regulaba las relaciones laborales entre las empresas de la nueva economía digital y sus empleados, Glovo había puesto en marcha un nuevo modelo para mantener su relación con los repartidores autónomos, que actualmente ascienden a 19.000.
La noticia, adelantada por El Periódico de Cataluña esta mañana y confirmada por el Ministerio de Trabajo, coincide con el anuncio de una nueva oleada de despidos en la plataforma que ha planteado un nuevo ERE en su filial española que, en este caso, afectará a una de las pocas divisiones con trabajadores en plantilla de la firma, su vertical de supermercados.
Según ha denunciado el sindicato UGT, la división SuperGlovo Quick Commerce ha planteado el cierre de seis de sus centros de trabajo en las ciudades de Bilbao, Pamplona, las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Granada y Alicante a través de un expediente de regulación de empleo para 100 trabajadores, el 10% de su plantilla, así como el endurecimiento de las condiciones laborales del resto de empleados de su red tiendas ciegas o dark stores.
Este empeoramiento de las condiciones, según fuentes sindicales, incluirían recortes salariales con la supresión de complementos como el del plus de transporte, el de vestuario o el del trabajo en días festivos.
Este nuevo ERE se sumaría al planteado en marzo del año pasado en los Servicios Centrales de la multinacional y que afectó a 140 trabajadores, la mayoría de sus oficinas de Barcelona, aunque también de Madrid. En total, la firma de delivery despidió en aquella tanda a un total de 250 personas en varios países tras registrar en 2022 unas pérdidas de 300 millones de euros.
El sindicato recuerda que la compañía está inmersa en diversos procesos judiciales por el empleo masivo de falsos autónomos y su incumplimiento de la Ley Rider que ya han generado varias sentencias en contra, entre ellas las del Tribunal Supremo, que se han traducido en multas que superan los 400 millones de euros, según los cálculos de Delivery Hero, su matriz alemana.