Barcelona
La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la denominada 'tasa Amazon', aprobada en forma de ordenanza por el pleno del Ayuntamiento de Barcelona el 24 de febrero.
La tasa grava el uso de la vía pública que realizan los operadores postales cuando entregan en el domicilio de los consumidores los productos comprados a través de comercio electrónico, pero la ACCO considera que supone un obstáculo al mantenimiento de una competencia efectiva y restringe las libertades de establecimiento y prestación de servicios, recogidas en el Tratado de Funcionamiento en la Unión Europea, ya que discrimina injustificadamente entre competidores.
Y es que la tasa sólo se aplica a los operadores postales, pero, en cambio, están exentos el resto de empresas transportistas o los comercios que tienen sus propias flotas de reparto. A juicio de la ACCO, todas estas actividades generan un impacto ambiental y de tráfico equivalente, si bien los operadores postales son los únicos que deben pagar la tasa, y pierden competitividad.
De igual forma, la tasa grava únicamente las entregas del comercio electrónico, pero no las provenientes del comercio físico o de otros canales a distancia (como la venta telefónica o por correo).
La ACCO considera que todo reparto tiene los mismos efectos negativos, independientemente de qué canal de venta lo haya originado, por lo que no tiene sentido que la tasa sólo se aplique al comercio online.
Por último, la ordenanza fiscal también pretende compensar un presunto desequilibrio tributario entre los comerciantes online y offline. La ACCO entiende que la tasa es inadecuada para alcanzar este objetivo, ya que quien la acaba pagando son los operadores postales, que no son más que proveedores de servicios de reparto para ambos tipos de comercios.
"El Ayuntamiento no ha tenido en cuenta que los operadores postales podrían repercutir la tasa a sus clientes, entre ellos también los pequeños comercios que han abierto un canal de venta online para ganar competitividad y que dependen de los operadores postales para entregar los productos vendidos", argumenta la ACCO.
Con esta actuación, el organismo independiente adscrito a la Generalitat hace uso de su facultad para impugnar los actos de las administraciones públicas y las disposiciones generales con rango inferior a ley, de las cuales se deriven obstáculos al mantenimiento de la competencia efectiva en los mercados.