Bruselas
La Comisión Europea ha hecho públicas este lunes sus objeciones a la adquisición por parte de Amazon del dueño de las aspiradoras Roomba, iRobot, ya que considera que restringirá la competencia tanto en el mercado comunitario como los mercados nacionales.
La operación, cerrada en agosto de 2022 y valorada en más de 1.600 millones de euros, permitiría a Amazon servirse de su propia plataforma de comercio online para comercializar los productos de iRobot, dejando en desventaja a otros fabricantes y distribuidores de aspiradoras automáticas.
Como parte de su investigación en profundidad, abierta el pasado julio, la Comisión Europea ha concluido que Amazon tendría tanto "la capacidad" como "los alicientes" para excluir a los rivales de iRobot del mercado. Concretamente, podría dificultarles el acceso a su plataforma de venta online, considerando que en mercados como España, Francia, Italia o Alemania es uno de los principales puntos de venta de este tipo de aspiradoras.
Entre las acciones que podría poner en marcha el gigante del comercio electrónico, Bruselas menciona prácticas como reducir la visibilidad de los competidores en los motores de búsqueda de su ecommerce, elevar los costes de publicitarse en la plataforma o limitarles el acceso a ciertas etiquetas más atractivas para el comprador.
Por otro lado, el Ejecutivo comunitario considera que la firma estadounidense podría excluir a los rivales de Roomba porque le resultaría más rentable en términos económicos. La firma resultante de la operación podría tener más que ganar con la operación, como obtener los datos de los usuarios de iRobot, lo que le conferiría una ventaja adicional sobre sus rivales.
Por todos estos motivos, ha concluido Bruselas, Amazon podría restringir la competencia en el mercado de las aspiradoras automáticas elevando los precios, disminuyendo la calidad de la oferta y mitigando la innovación.
Tras las objeciones presentadas por Bruselas, después la investigación en profundidad abierta el pasado junio, Amazon puede ahora responder a esta lista de preocupaciones y pedir una audiencia oral con el Ejecutivo comunitario. La Comisión Europea cuenta hasta el próximo 14 de febrero de plazo para emitir una valoración final.
