El negocio del reparto a domicilio vuelve a agitarse tras la presentación en la Audiencia Nacional de una querella contra Uber Eats por presuntos delitos de estafa contra los trabajadores, contra la hacienda pública y contra la Seguridad Social, "dentro de una posible organización criminal".
El escrito ha sido presentado de manera conjunta por las organizaciones Élite Taxi, RidersxDerechos y Taxi Project ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, y es contra Uber Systems Spain y Portier Eats Spain, que cuentan con la marca comercial Uber Eats, además de extenderse a directivos de la compañía.
Los querellantes aseguran que, tras la entrada en vigor de la Ley Rider en agosto de 2021, "Uber Eats ha hecho un giro en su modelo: de los falsos autónomos pasó a la subcontratación temporal, donde ha externalizado fraudulentamente toda su actividad a diferentes empresas" que, "imponen rotación e inestabilidad entre los trabajadores, aun cuando Uber Eats sigue estableciendo las condiciones y gozando de las rentas derivadas de su trabajo".
De esta manera, la querella se motiva "por la presunción de varios delitos, donde destaca la ideación de un modelo para fraude y lucro ilícito de la compañía, utilizando falsos autónomos para simular trabajos en su beneficio y perjuicio de los trabajadores".
Los querellantes recuerdan que la Audiencia Nacional obligó el 13 de diciembre de 2022 a Uber Eats a regularizar a 4.404 trabajadores por cuenta ajena y satisfacerles una indemnización por despido colectivo, propiciando un acuerdo en el que la tecnológica "reconoce la existencia de la conducta ilegal, de modo que, al no extenderlo al resto de las personas trabajadoras, es de ahí de donde se deriva la presunta comisión de los delitos".
Versión de la compañía
Desde la compañía de delivery aseguran que no tienen constancia de la presentación de la querella y han defendido que la empresa cumple "plenamente con la regulación vigente" desde la entrada en vigor de la Ley Rider tras adaptar su negocio a un modelo híbrido donde los riders pueden operar desde alguna de las flotas subcontratadas por la empresa o como autónomos con una plataforma que no tiene horarios, donde pueden elegir su tarifa y el servicio disponible que quieren atender.
De esta manera, Uber Eats sigue el mismo camino judicial que en su día emprendió su competidor Glovo tras diversas demandas y sentencias que en su conjunto suman unas multas y reclamaciones que su propia matriz alemana, Delivery Hero, ha cifrado en entre 200 y 400 millones de euros.
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