Valencia
El histórico fabricante de medias Marie Claire gana tiempo para tratar de alcanzar un acuerdo que le permita refinanciar su deuda que mantiene con sus acreedores. La empresa de Villafranca del Cid ha logrado un plazo extra de tres meses más, según un edicto del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Castellón.
Aunque la decisión judicial supone cierto oxígeno al menos para continuar con las negociaciones, la reestructuración de la deuda es sólo uno de los hilos de los que ahora mismo pende el futuro del fabricante textil y no asegura que finalmente no tenga que cerrar.
La mayoría de la deuda se concentra en manos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), de la Generalitat Valenciana, que ha otorgado en los últimos dos años préstamos por 21,5 millones de euros a la compañía. El brazo financiero del Gobierno valenciano puede ampliar los plazos con los argumentos en que hasta ahora ha dado crédito a la empresa: su importancia para las comarca de Els Ports, donde es la mayor industria.
Otro de los problemas pendientes para despejar si cierra definitivamente o no son las condiciones de su ajuste laboral. La firma mantiene desde hace meses un expediente temporal de empleo (Erte) para la mayoría de sus empleos en el área de producción. La medida en vigor para 130 personas finaliza en julio, sin que haya recuperado ni la actividad ni los ingresos para asumir esas nóminas. Por ese motivo la empresa negocia con los sindicatos un ERE definitivo, que supondría la salida de la mayoría de sus 280 trabajadores y externalizar producción. Para ser viable el Fogasa debe asumir las indemnizaciones.
El tercer hilo pendiente que debe resolverse para esquivar el cierre es una inyección de fondos, para lo que su dueño, el grupo textil B2Tex, negocia la entrada de nuevos inversores.
Desde febrero
El edicto judicial también revela un detalle que muestra que la crisis no ha sido tan repentina como pudiese parecer. De hecho, el juzgado refleja que Marie Claire ya comunicó el 22 de febrero pasado el inicio de las conversaciones con los acreedores para renegociar la deuda y de esa forma blindarse de que alguno pudiera solicitar el concurso obligatorio. Fue entonces cuando arrancó el plazo inicial de los conocidos 3+1 meses que contempla la normativa concursal y que se han ampliado con este edicto fechado el
Es decir, que aunque la posibilidad del cierre planteada por la empresa no se hizo pública hasta que se comunicó a los sindicatos para negociar el ERE justo días después de las elecciones autonómicas del pasado 28-M, las dificultades de la empresa ya eran notorias para el IVF como principal acreedor y, por tanto, para la propia Generalitat Valenciana, que no ha dudado en mostrar públicamente en los últimos años su empeño en rescatar a la empresa castellonense.
