La Inspección de Trabajo acaba de imponer a Glovo una nueva multa por valor de 57 millones de euros por irregularidades con sus repartidores en Madrid, con lo que la tecnológica acumula ya 205,3 millones en multas, algo más de un tercio de sus ingresos, que en 2021 ascendieron a 595,1 millones de euros.
Tras la entrada en vigor de la Ley Rider el año pasado y tras las diversas denuncias de operadores de la competencia como Uber Eats y de las sentencias en contra de la compañía por emplear falsos autónomos como repartidores, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz avisó a la tecnológica de que nadie se escaparía del cumplimiento de la norma. La vicepresidenta segunda ha dado un paso más al recordar a Glovo que que la última reforma del código penal contempla penas para estas conductas.
Solo en septiembre del año pasado, Trabajo obligó al unicornio tecnológico español a regularizar la situación de más de 10.000 trabajadores en Madrid, Barcelona y Valencia tras imponerle una multa de más de 79 millones de euros.
El último capítulo del escrutinio del Gobierno sobre Glovo se ha vivido esta mañana al conocerse que la Inspección de Trabajo ha propuesto una nueva sanción sobre la firma por no haber dado de alta en la Seguridad Social a 7.022 trabajadores en la capital, lo que equivale a 32,9 millones de euros a los que habría que sumar la liquidación de otros 19 millones correspondientes a las cotizaciones no realizadas por estos falsos autónomos en el Régimen General de la Seguridad Social.
Extranjeros sin permiso de trabajo
En este nuevo episodio, además, la inspección habría detectado que Glovo empleó de manera irregular a 813 extranjeros sin permiso de trabajo, lo que completaría con 5,2 millones la cuantía de la nueva multa. Esta novedad abre nuevas líneas de investigación y de posibles sanciones contra la compañía, ya que, según el presidente del comité de empresa en Madrid y coordinador estatal por UGT, Fernando García Pallás, "más de la mitad de los repartidores que trabajan para Glovo en la calle a día de hoy son inmigrantes recién llegados a España y que trabajan subalquilando las cuentas de otros falsos autónomos, con lo que la empresa no hace más que añadir capas y capas de diferentes fraudes".
Tal y como recuerda el representante de los repartidores, en el texto de la anterior sanción a Glovo en Barcelona y Valencia, la inspección añadió un recargo de 1.500 euros por "recalcitrante", dejando entrever que este importe podría ir creciendo en caso de reincidencia.
Por su parte, Glovo ha anunciado que recurrirá esta sanción alegando que el período inspeccionado al que se refiere es anterior a la entrada en vigor en agosto del año pasado de la 'Ley Rider. La compañía argumenta que al considerar que no es consecuencia de esa ley, la propuesta de sanción conocida hoy hace referencia a "un modelo operativo que ya no existe en España".
Situación financiera
El varapalo económico impuesto por las autoridades a Glovo por no cumplir la ley complica un poco más la situación financiera de la empresa. Según las cuentas publicadas este mes por la firma en el Registro Mercantil, en 2021 registró unos números rojos de 495,9 millones de euros, casi diez veces más que en el ejercicio anterior.
A pesar de haber superado los 595 en ingresos ese año, la firma encargada de la auditoría, Deloitte, lanzó una dura advertencia a la compañía al avisarle de que desde su constitución siempre ha obtenido resultados negativos , una situación que se mantendrá "se mantendrá previsiblemente a lo largo de los próximos ejercicios y, en consecuencia, se requerirá de fuentes de financiación adicionales en el corto y medio plazo".
