El gran unicornio del delivery español, Glovo, aprobó en marzo de 2021, el año anterior a la entrada en vigor de la Ley Rider, un plan de incentivos que preveía la entrega del equivalente del 2% del capital de la empresa en stock options a sus consejeros, trabajadores y asesores en caso de un "evento liquidativo".
Tras la venta de la compañía a la alemana Delivery Hero en julio del año pasado, los empleados y directivos tendrían derecho a repartirse ese porcentaje, que teniendo en cuenta la valoración en ese momento de la empresa -800 millones de euros- equivaldría a 16 millones. La empresa sin embargo no lo detalla, Delivery Hero admite el pago de 114,7 millones en concepto de bonus.
Sin embargo, a pesar de lo suscrito en 2021, buena parte de los trabajadores de Glovo se han quedado fuera de esta hipotética lluvia de millones, tal y como reconocía ayer Fernando García Pallás, presidente del comité de empresa de la compañía en Madrid y coordinador estatal por UGT. "Nadie nos había informado sobre esto desde la compañía. Nos acabamos de enterar por vosotros y vamos a reclamar poder participar de alguna manera de este plan de incentivos", reconocía el también portavoz de la plataforma RidersXDerechos. "Después de lo que nos ha costado ser reconocidos como trabajadores de Glovo, queremos dejar de ser considerados empleados de segunda y que nos tomen en cuenta a todos los efectos", recalcaba.
García Pallás forma parte de esa remesa de repartidores que la tecnológica se vio obligada a contratar el año pasado a través de Glovo Groceries, una de sus empresas satélite, tras la entrada en vigor de la Ley Rider. En total, esta compañía especializada en el reparto a domicilio de los pedidos recibidos en la app en el sector de la gran distribución alimentaria, cuenta en la actualidad con 600 riders contratados, además de otras 140 personas que se encargan de preparar los pedidos dentro de los supermercados.
En torno a 15.000 'riders'
A estos más de 700 trabajadores con derechos amparados por la normativa, añadía el portavoz de los riders, se suman otros muchos más que siguen fuera del paraguas de la Ley Rider en situación de ilegalidad, bien como repartidores independientes o bien como falsos autónomos, hasta un total que se calcula en torno a las 15.000 personas.
"Lo que se denomina dentro de Glovo como 'cuentas abiertas' en la aplicación, incluye desde repartidores individuales a cuentas compartidas por muchos riders, por lo que hacer una estimación de trabajadores resulta extremadamente complejo. El problema de estos nuevos modelos es que se mueven en la total falta de información, motivo por el que seguimos reclamando la creación de un Observatorio de Plataformas Digitales", explica el presidente del comité de empresa.
La lucha por el kilometraje
Tras pasar de autónomos a empleados, los repartidores de Glovo lograron un acuerdo por el que la compañía les compensaba el uso del vehículo propio para trabajar con 0,27 euros por kilómetro. Al intentar suprimir este concepto en Madrid de manera unilateral, tras proporcionar a los riders vehículos institucionales, la firma negoció su rebaja a 0,12 euros por kilómetro. Ahora, Glovo trata de trasladar esta misma modificación sustancial de las condiciones de trabajo, pero sin pagar kilometraje, al resto de ciudades en las que opera.
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