Valladolid
España puede presumir de ser el país de la Unión Europea que antes ha regulado las condiciones medioambientales, de bienestar animal y de bioseguridad de la ganadería intensiva, además de establecer limitaciones de tamaño que impedirán proyectos como el de la macrogranja de Noviercas, con 23.000 vacas previstas.
El Real Decreto de normas básicas de ordenación de las granjas bovinas aprobado el pasado 27 de diciembre por el Gobierno fija en 850 unidades de ganado mayor (el equivalente a unas 725 vacas de leche) el número máximo de cabezas en las nuevas explotaciones que se autoricen. Una regulación que ha llegado tras la fuerte contestación social y de parte del sector al polémico proyecto que la cooperativa familiar Valle de Udieta promueve en la pequeña localidad soriana.
En los países de la UE, aunque existe también un intenso debate sobre la ganadería intensiva, no existe una regulación como la española. En los países con más densidad ganadera de vacuno de leche, como Holanda o Dinamarca, el Gobierno sí ha impulsado el traslado de las granjas más grandes en las zonas medioambientalmente más sensibles, una iniciativa muy limitada por la falta de terreno. El nuevo gobierno alemán, con un ministro de Agricultura verde, también ha mostrado su intención de poner coto a las grandes instalaciones pero no aún ha movido ficha.
Pequeñas explotaciones
En España, la polémica por el macroproyecto de Noviercas ha desdibujado la imagen real de nuestra ganadería. Los últimos datos que ofrece el Ministerio de Agricultura, correspondientes al año 2018, señalan que el 33% de las explotaciones cuentan con entre 26 y 65 vacas (4.559 granjas). En el otro extremo, las de más de 626 animales, apenas alcanzan las 115 explotaciones (el 1% del total). Nada que ver con las grandes macrogranjas existentes en Estados Unidos, China o India, con 10.000 ó 20.000 animales.
Ampliando más la lupa, fuentes del sector lácteo sitúan, con datos no oficiales, en 26 las granjas en nuestro país con más de 1.000 cabezas, seis las que doblan esa cifra, dos de más de 3.000 y una de más de 5.000. A éstas no les afectará el recién aprobado decreto del Gobierno.
La reciente regulación del vacuno de leche se suma al ya existente en el pionero sector del porcino, que desde hace dos décadas limita el tamaño de las granjas a 7.200 animales en el caso de cebo y de 2.880 cabezas para cría.
Esa reglamentación pionera hace que España ocupe el número 10 en Europa en cuanto a tamaño de sus granjas. Un ranking que encabeza Dinamarca, donde la media de sus explotaciones es de 3.500 cerdos, frente a los 500 de España. Nuestro país es también el único en Europa que tiene limitada a un kilómetro la distancia mínima para la instalación de granjas porcinas y entre éstas y los núcleos urbanos.
En este caso, el sector ha ido más allá por voluntad propia y dispone desde hace dos años del sello 'Compromiso Bienestar Certificado', que no sólo garantiza el cumplimiento de las exigentes normativas española y europea, sino que incorpora nuevas prácticas que sitúan a los productores españoles a la vanguardia en la UE. El porcino español lidera en Europa las buenas prácticas en bienestar animal
El sector avícola también dispone desde 2021 de una estricta reglamentación en materia medioambiental, de bienestar animal y de bioseguridad, los tres frentes que centran sus críticas los opositores al modelo de producción intensivo.
Eloy Urueña, responsable del sector avícola de COAG, señala que "si hablamos de macrogranjas había que hablar también de macrociudades", a la vez que critica que se utilice ese nombre para explotaciones con 40.000 pollos.
Autorregulación
El responsable agrario defiende la "autorregulación" del propio sector. "Hay dos granjas contadas que tienen más de 500.000 animales, que es una barbaridad, pero todo los demás son núcleos de 200.000 y la media es de 100.000, que apenas da para vivir una familia".
Aunque en el decreto que regular el sector avícola aprobado en julio de 2021 no hay una limitación expresa sobre el número de animales en las granjas, sí hay otros condicionantes que limitan la proliferación de grandes explotaciones. Las granjas están incluidas en Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR) que mide la su huella industrial ambiental, es decir las emisiones al aire, agua, suelo y transferencias de residuos de distintos sectores de actividad.
"Si tienes menos de 55.000 pollos la Comunidad Autónoma te hace ya una evaluación de impacto ambiental, pero cuando pasas de 75.000 el control las exigencias son más exhaustivas y si no las cumple no te permiten abrir o ampliar", subraya el responsable agrario.
Noviercas planta cara al Gobierno
El decreto del Gobierno no ha hecho desistir a la cooperativa familiar Valle de Udieta, que promueve la granja de Noviercas. Fuentes de la compañía han indicado a elEconomista.es que la dirección está analizando, junto a sus asesores legales, las vías más adecuadas para defender sus derechos respecto al proyecto de vaquería de la localidad soriana, "sobre la base de la legislación española y comunitaria".
La macrovaquería de Noviercas supone la concentración en una única explotación de ganadería industrial de 23.500 vacas y una producción anual de 200.000 toneladas de leche. El proyecto supone una producción de purines de 563.590 metros cúbicos, el equivalente al producido por 200.000 cerdos, 100.000 toneladas de residuo seco, un consumo directo de agua de 887.440 metros cúbicos de agua, el hormigonado de 90 hectáreas de terreno rústico y un movimiento de tierras de 1 millón de metros cúbicos. Sería la macrogranja más grande de España, de Europa y estaría entre las cinco más grandes del mundo. Greenpeace ya ha pedido que se rechace definitivamente un proyecto que sería casi 12 veces más grande de lo que marca la legislación recién aprobada.