El nuevo año comienza con la gran amenaza de la inflación sobre los alimentos, que empieza a provocar una ralentización del consumo. Tanto la industria como los distribuidores han advertido ya que de que las subidas de precios se recrudecerán ante la entrada en vigor de nuevos impuestos y costes regulatorios. Es el caso del nuevo impuesto al plástico de un solo uso. Se trata de una prueba más de resistencia para unos sectores que llevan meses sometidos a un gran incremento de costes (materias primas, transporte, energía...) a los que ahora deberán sumar una medida que tendrá un impacto directo de 690 millones de euros, pero que se eleva en total a 2.000 millones.
"La introducción del impuesto exclusivamente en nuestro país incrementa los sobrecostes para las empresas españolas y, por tanto, le resta competitividad frente a sus vecinos europeos, generando además una gran inseguridad jurídica", aseguraba hace unos días el director general de Aecoc, José María Bonmatí.
En su opinión, "conviene destacar el impacto nocivo que esta medida presenta para las exportaciones de nuestros sectores, así como el freno que supone a la inversión en España por parte de empresas del gran consumo que, aun teniendo interés en nuestro país, pueden decantarse por otros mercados en los que no deban asumir estos costes adicionales". Aurelio del Pino, presidente de la patronal de supermercados ACES, apunta que el problema además es que más allá del pago del impuesto, "tenemos que comprobar a lo largo de toda la cadena que no se han usado plásticos o que en su caso se ha pagado el impuesto, lo que genera numerosas dudas como sujetos pasivos". Según dice, "es un proceso muy complejo y no sabemos cómo hacerlo".
Costes operativos
Pero no solo hay problemas con el plástico, sino también con otras medidas, como la obligación de instalar 20.000 puntos de recarga para los coches eléctricos en las grandes superficies. "No hay capacidad técnica para ello, es absolutamente imposible", aseguran de forma prácticamente unánime todas las grandes compañías del sector. En conjunto, y como mucho, se podrá llegar de acuerdo con sus estimaciones a un 20%, lo que equivale a unos 4.000 puntos.
Es una cifra que se queda muy lejos por lo tanto de los objetivos marcados en la directiva europea de Eficiencia Energética. El secretario general de Anged, Marcos Casado, solicitó ya el pasado 5 de octubre una "mayor proporcionalidad y racionalidad" en el despliegue de la red, advirtiendo de la "imposibilidad" técnica y material de poder alcanzar los objetivos marcados por el Gobierno para el inicio de 2023. Se trata, en cualquier caso, de un sobrecoste añadido más, que acabará por provocar más subidas en el precio de los alimentos.
Mucho mejores son las previsiones para la hostelería. El sector registrará un crecimiento de entre el 5% y 7% en 2023, en un escenario positivo, según las previsiones de Hostelería de España. La patronal señala que en 2022 está facturando ya el doble que el año pasado, con lo que cada vez estamos más cerca de poder superar las cifras previas a la pandemia.
José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, ha mostrado su confianza en que "en 2023 se consolide la senda de recuperación que ya se ha iniciado este año". Según dice, "la gran asignatura pendiente para la viabilidad de los negocios es conseguir alcanzar niveles de rentabilidad acordes al crecimiento de la facturación, ya que el tsunami de precios de materias primas y de la energía ha hecho que la rentabilidad haya estado muy mermada en 2022 a pesar de recuperar los niveles de consumo".
