El impuesto a la gran distribución que ha planteado el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, está provocando una fuerte división interna en el seno del Gobierno. Los ministerios de Economía, Industria y Comercio y Agricultura han rechazado de forma tajante la nueva tasa insistiendo en que las grandes cadenas de la distribución alimentaria trabajan con márgenes muy estrechos y no tienen beneficios extraordinarios.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha frenado la propuesta lanzada por Podemos asegurando que lo que hay que hacer es adoptar medidas eficaces. "Tenemos que seguir la senda de tomar medidas que sean eficaces para contener los precios", ha asegurado tras ser preguntada por la propuesta durante una entrevista en la televisión canaria. En ese sentido, ha dejado claro que no es lo mismo la distribución que la banca o la energía. "En cuanto a contribuciones extraordinarias o gravámenes yo creo que el sector bancario y el energético tienen perfiles y características muy específicas que explican por uqé los hemos adoptado con ellos".
Distintas fuentes del sector, consultadas por elEconomista.es, apuntan que es el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el que está liderando dentro del Gobierno la oposición a esta tasa con el argumento de que los márgenes que tienen las empresas de la distribución son muy estrechos y un coste añadido podría provocar que entraran en números rojos. Ya el pasado mes de septiembre en una entrevista con Europa Press, Luis Planas explicó que mientras que el impuesto a la banca o las energéticas está justificado, en el comercio no es así, negando además que existan beneficios extraordinarios.
"No creo que sea el caso, al menos hasta ahora. Quiero decir que todos los elementos de la cadena, incluida la distribución, se han comportado de forma correcta. Espero que lo hagan en un inmediato futuro también", señaló el ministro, que reclamó al sector hacer todo lo posible para evitar que se dispararán los precios de los alimentos.
"Tenemos que hacer un esfuerzo por la contención de precios y también por el funcionamiento correcto de la distribución desde el punto de vista alimentario", subrayó el ministro. Y en la misma línea también, el pasado 16 de noviembre, durante el II Foro de Retail y Gran Consumo organizado por este periódico, el director general de Política Comercial en el ministerio de Industria, Juan Francisco Martínez, aseguró ya que el Gobierno no va a apoyar un impuesto a la actividad de la distribución similar al de la banca, insistiendo en que "este es un sector modélico ante los numerosos desafíos a los que se ha tenido que enfrentar estos años y se ha adaptado a situaciones exigentes".
"Como sabemos cuáles son los márgenes con los que trabaja el sector no apoyamos propuestas de gravar con impuestos extraordinarios", insistió. Martínez rechazó, no obstante, una bajada del IVA, tal y como plantea el sector. "Aunque está claro que se pueden bajar impuestos, es un ejercicio que es difícil de gestionar de manera flexible", aseguró.
El caso de Portugal
Portugal y España van de la mano en lo que a materia fiscal se refiere. De hecho, el país vecino está barajando la posibilidad de imitar el impuesto a las energéticas y a la banca. Así, el primer ministro de Portugal, António Costa, presentó en el debate de los Presupuestos del Estado para el año que viene un impuesto temporal con un gravamen del 33%. Dicho impuesto repercutiría, en un principio, a los beneficios extraordinarios del gas natural, el carbón, el petróleo y la refinación. No obstante, el propio Costa ha anunciado que plantea trasladar este gravamen también a las grandes empresas de distribución.
En Portugal, una de las principales cadena de supermercados es Pingo Doce. En los nueve primeros meses de este año, la firma ha conseguido un beneficio de 419 millones de euros, un 29% más que en el periodo anterior, y una ventas de 18.392 millones, un 21% más. En el caso de que se llegara a extender el impuesto a los supermercados también afectaría a cadenas españolas como es el caso de Mercadona y Froiz.
