En poco más de un año en vigor de la conocida como Ley Rider, el número de trabajadores con contrato laboral en el sector del reparto a domicilio español ha crecido por encima del doble, pasando de 5.464 en mayo de 2021 a 10.980 personas en agosto de 2022.
Esta cifra es el principal resultado del informe elaborado por El Foro de Humanismo Tecnológico de Esade y cuyo autor, José María Lasalle, ha destacado su valor cualitativo más allá de la importancia cuantitativa, ya que el 97,78% de estos contratos se ha realizado bajo la modalidad de indefinido, cuando en mayo del año pasado era del 73,42%. Así, en el periodo de vigencia de la normativa, la contratación indefinida en el delivery ha crecido un 167%.
Por el contrario, el informe elaborado con datos del Ministerio de Trabajo y de la Tesorería de la Seguridad Social, así como la colaboración de Just Eat, el porcentaje de riders con contratos temporales ha descendido un 83% en los 15 meses analizados, un descenso especialmente acusado en el caso de los contratos a tiempo parcial.
Un informe de la Asociación Española de la Economía Digital (A Digital) establecía que en nuestro país en 2020 existían 29.300 perfiles de repartidores a domicilio, una cifra que permite valorar el alcance de la nueva normativa, a pesar de que los datos manejados por los autores del informe beben de fuentes distintas y las estadísticas oficiales dejan fuera cifras de la economía sumergida.
Por ámbitos geográficos, el informe revela aumentos en la contratación de riders en la mayoría de comunidades autónomas a excepción de Cantabria, País Vasco y Castilla y León, siendo Andalucía la que más crecimiento ha experimentado desde la entrada en vigor de la ley, pasando de 200 en mayo de 2021 a acercarse a los 1.500 en agosto de este año.
En su valoración del informe, los autores han destacado que la entrada en vigor de la ley, lejos de deteriorar las condiciones laborales de los riders y perjudicar al sector de reparto a domicilio, ha beneficiado a una actividad como el delivery que el año pasado ingresó un total de 2.600 millones de euros, un 80% más que en 2019, según datos de The NPD Group. Asimismo, calculan que la norma ha tenido un efecto positivo en las arcas de la Seguridad Social gracias al incremento de las cotizaciones empresariales de estos nuevos 5.516 trabajadores, que estiman en más de 4,7 millones de euros.
Por otra parte, Lasalle ha recalcado que la normativa española ha abierto un camino a seguir en Europa en la regulación laboral que se traduce en una clara influencia sobre la propuesta de directiva lanzada en diciembre de 2021 por la Comisión Europea sobre la mejora de las condiciones en el trabajo en el universo de las plataformas digitales.
Competencia
En cuanto a la situación del mercado español, Patrik Bergareche, director general de Just Eat, empresa pionera en firmar un convenio colectivo con sus repartidores a comienzos de este año, ha señalado que coexisten dos ecosistemas. Uno estaría formado quienes cumplen con la ley, formado por su empresa y el resto de operadores locales de menor tamaño, y otro con las otras dos grandes plataformas, una de las cuales de manera clara (Glovo) y la otra (Uber Eats) posiblemente estén burlando la norma mediante falsos autónomos.
En este sentido, el directivo de Just Eat, recuerda que su compañía ya cuenta con casi 2.000 repartidores en plantilla tras la aplicación de su convenio colectivo y que trabaja en el ámbito de las asociaciones en las que está integrada para avanzar en la aplicación de la ley. Asimismo, se ha mostrado confiado en la labor de la Inspección de Trabajo y de los tribunales para poner remedio a la situación de competencia desleal en la que viene operando frente a otras plataformas que incumplen la ley y, por lo tanto, no repercuten en sus cuentas el dinero invertido en la mejora de las condiciones de sus trabajadores.
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