La convocatoria de elecciones anticipadas el 28 de abril provoca que las Cámaras se tengan que disolver el 5 de marzo y que el Congreso ya sólo pueda celebrar dos plenos más en esta legislatura. El PP quiere aprovecharlos para desgastar en lo posible al PSOE y eso es lo que intenta ya desde este martes con la votación para la toma en consideración de la ley para castigar a quienes convoquen referéndums ilegales y con una moción de apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.
Concretamente, el PP defiende una proposición de ley de modificación del Código Penal para castigar con penas de tres a cinco años de cárcel a quien convoque un referéndum ilegal, y lo hará en pleno juicio por la organización de la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
El Grupo Popular registró esta iniciativa a finales del pasado mes de septiembre, tras la llegada de Pablo Casado a la Presidencia del PP y a pocos días del primer aniversario del 1-O, pero será este martes cuando se debata en el Congreso y, pase lo que pase en la votación, ya no podrá prosperar ya que las Cortes se disuelven. Eso no es óbice para que los 'populares' busquen así 'retratar' a los socialistas y acusarles de pactar con el independentismo si no votan a favor.
En su texto, el PP sostiene que el Código Penal es una norma "viva" que se adapta "con rigor a los acontecimientos sociales que supongan un reto o amenaza sobre los valores y principios básicos de convivencia social", y apuesta por introducir este cambio para "reforzar el Estado de Derecho y las instituciones del Estado".
Al hilo del llamado 'Plan Ibarretxe', el Gobierno de José María Aznar ya introdujo en 2003 los artículo 506 bis, el 576 bis y el 521 bis para castigar con penas de tres a cinco años de prisión e inhabilitación a la autoridad que convocara un proceso electoral o consulta por vía de referéndum careciendo de competencias para ello. Sin embargo, esa reforma se derogó con la llegada del PSOE a La Moncloa.
El PP considera que, transcurridos más de diez años de esa despenalización, "los acontecimientos recientes de la historia de España" demuestran que promover conductas como la convocatoria ilegal de referéndum revisten "suficiente entidad como para merecer un reproche penal" y tener un efecto disuasorio.
Moción contra Torra
Además, el PP someterá a votación una moción en la que se insta una vez más al Gobierno de Sánchez a iniciar el procedimiento para destituir al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a activar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.
Esta moción es consecuencia de la interpelación que la portavoz del Grupo Popular, Dolors Montserrat, dirigió en el último Pleno del año pasado a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet. Un día antes de ese debate entre ambas, la Cámara ya rechazó una proposición no de ley de Ciudadanos que también pedía activar el 155.
La moción, que los 'populares' podrían autoenmendar para actualizar su contenido, consta de dos partes. En la primera se propone que el Congreso condene las declaraciones realizadas el pasado diciembre por Torra a favor de la "vía eslovena", que define como "la provocación de muertos y heridos para conseguir la independencia".
También persigue que la institución constate que "las graves amenazas" de Torra y "su aliento a grupos violentos ponen en peligro la convivencia el interés general" y, por tanto, "le inhabilitan para continuar ejerciendo en el cargo".
Tras estas constataciones, en una segunda parte, la moción exige al Ejecutivo hacer cumplir la Constitución y el Estatuto de Cataluña "protegiendo los derechos y las libertades de todos los catalanes acosados por el separatismo".
