Política

El Supremo rechaza al Rey y a Puigdemont como testigos en la causa del procés, pero acepta que vaya Rajoy

Carles Puigdemont y Mariano Rajoy. Foto: Reuters

El tribunal que juzgará el procés independentista en Cataluña ultima la lista de los testigos que serán llamados al juicio que comenzará en el Tribunal Supremo a principios del mes de febrero, cuyos nombres se darán a conocer previsiblemente la próxima semana. No obstante ya se han alcanzado acuerdos y se prevé rechazar la presencia en la vista del Rey, de los huidos Carles Puigdemont y Marta Rovira y del portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó, si bien hay luz verde para citar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas que explican que la presencia de Rajoy se reclamará en en aras a garantizar la objetividad y por creerlo necesario para acreditar el relato de lo sucedido en las jornadas que rodearon los hechos que Fiscalía califica de rebelión.

Se trataría, por un lado, de garantizar al máximo el ejercido de la defensa por parte de los abogados de los 12 exdirigentes catalanes que se sentarán en el banquillo (de cara a evitar posibles motivos de impugnación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos). Por el otro, de acreditar mediante prueba de contradicción algunos extremos que aparecen los escritos de las acusaciones, como el hecho de que Rajoy preguntara por escrito al expresident Carles Puigdemont si había declarado la independencia y el sentido de la respuesta.

Testigos rechazados

El rechazo de la testifical de Felipe VI era predecible, ya que el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exceptúa de forma expresa al monarca de la obligación de concurrir al llamamiento judicial para prestar declaración en calidad de testigo en cualquier procedimiento. Por ello no hay ninguna duda sobre este extremo en la Sala, si bien aún falta decidir si se accede a la petición de las defensas del expresidente de la ANC y el líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez, y de los exconsellers y diputados de JxCat Jordi Turull y Josep Rull de sustituir su testimonio por el del jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín.

Repecto del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ambo huidos de la justicia y cuyo testimonio se solicita por la práctica totalidad de las defensas, la Sala considera que no deben comparecer en el juicio que ahora comienza al tener en cuenta su condición de procesados en el mismo procedimiento, ya que al acudir como testigos están obligados a decir verdad.

Respecto de Cosidó, su testimonio ha sido solicitado por la defensa del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva, que creen necesario queexplique qué intervención o conocimiento tuvo el presidente del tribunal, Manuel Marchena, en las decisiones de configuración del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "y los pactos políticos llevados a cabo al respecto".

Vuelve el 'whatsapp' de Cosidó

Cosidó no aparece en el relato de hechos que realizan la Fiscalía y el resto de acusaciones en este procedimiento, por lo que según la Sala no se cree necesaria su comparecencia en el juicio.

La defensa de Junqueras le reclama en relación con un mensaje de 'whatsapp' que éste remitió a todos los senadores de su grupo y en el que se señalaba que la posibilidad después truncada de el presidente del tribunal, Manuel Marchena, llegara a presidir ell Tribunal Supremo permitiría controlar "desde atrás" al tribunal del procés independentista en Cataluña.

Ello motivó que Marchena fuera recusado por esta parte, si bien la posibilidad de apartar al magistrado que será el ponente de la sentencia del procés fue rechazada de forma rotunda por la Sala Especial del artículo 61 el pasado 14 de diciembre.

El asunto Cosidó y su vinculación con este caso es considerado algo ya "totalmente zanjado" por la sala de enjuiciamiento, según las mismas fuentes, que recuerdan que en el auto en el que se rechazó la recusación se dijo expresamente que los mensajes de Cosidó no fueron más que un argumentario que el político utilizó para justificar un pacto con otra formación política, en el que realizó "afirmaciones -sobre lo que desconoce por completo, el funcionamiento de la Administración de Justicia-, y que demuestra una inaptitud de raíz para conocerla por falta de los elementos más básicos de la separación de poderes".

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