El pleno del Consejo de Estado aprobó este jueves el informe encargado por el Gobierno sobre la reforma de la Constitución para suprimir los aforamientos para la mayoría de los políticos, han informado fuentes de la institución. El informe ha pasado ya este viernes a manos del Gobierno, que ahora procederá a su estudio.
El pleno, presidido por la presidenta del máximo órgano consultivo del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dio luz verde con un solo voto en contra -el del consejero Jordi Guillot- al dictamen redactado por la Comisión de Estudios después de una reunión de algo más de dos horas, informa EFE.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó el pasado día 10 que la intención es que el Consejo de Ministros apruebe la propuesta de reforma constitucional antes de que termine este mes. Según ha informado la ministra portavoz, Isabel Celáa, hoy en rueda de prensa tras la reunión ministerial, esto sucederá en 15 días, es decir, para el Consejo del 30 de noviembre.
El Ejecutivo encomendó al Consejo de Estado el pasado 21 de septiembre la redacción de un informe sobre la modificación de los artículos de la Carta Magna (71.3 y 102.1) que establecen el aforamiento de los diputados, senadores y miembros del Gobierno en cuestiones que no tengan que ver con el ejercicio de su cargo. El margen que se dio al máximo órgano consultivo fue de un mes, pero debido a lo ajustado del plazo, Fernández de la Vega solicitó al Gobierno una prórroga que vencía ayer.
El Gobierno también esperaba que el Consejo indicase si otros aforados del Estado como los parlamentarios autonómicos -protegidos en sus respectivos Estatutos de Autonomía- deberían adoptar la misma línea que fije la reforma. Otras de las cuestiones a abordar era si se recomendaba o no acotar el fuero de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, por ejemplo -el Gobierno es partidario de hacerlo- o de los más de 232.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos. En este sentido, el Consejo insta al Ejecutivo a cambiar la ley en el plazo de un año.
El pleno del Consejo de Estado deliberó el pasado martes sobre el borrador elaborado por la Comisión de Estudios, también presidida por Fernández de la Vega y de la que forman parte consejeros como Landelino Lavilla, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y Fernando Ledesma. Tras la sesión que la Comisión de Estudios celebró el miércoles, el pleno volvió a reunirse este jueves para aprobar el informe definitivamente.
La intención del Ejecutivo era que el órgano consultivo acotara jurídicamente el procedimiento a seguir a partir de los objetivos y directrices que se pretenden abordar en la reforma constitucional. La ley que regula el Consejo de Estado señala que "en la elaboración de las propuestas legislativas o de reforma constitucional atenderá los objetivos, criterios y límites señalados por el Gobierno, y podrá hacer también las observaciones que estime pertinentes acerca de ellos".
Sánchez anunció su plan de suprimir los aforamientos a través de la reforma constitucional en un acto con motivo de los primeros 100 días al frente del Palacio de la Moncloa celebrado el 17 de septiembre.
El deseo del Ejecutivo es que la reforma esté lista en un plazo de dos meses
Una vez que el Consejo de Ministros apruebe la propuesta de reforma constitucional a partir de las indicaciones del órgano consultivo, el deseo del Ejecutivo es que esté lista en un plazo de dos meses desde que se inicie su tramitación en el Congreso. Para que salga adelante en las Cortes, es preciso el apoyo de una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso, como en el Senado, por lo que es preciso el beneplácito del PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta.
Podemos mantiene su determinación de forzar un referéndum si el Gobierno quiere llevar a cabo una reforma limitada de la Constitución para acotar el aforamiento de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores, que ya ha sido avalada por el Consejo de Estado. Además, Podemos pedirá que afecte también a los miembros de la Casa Real, para adaptar la Carta Magna a "la democracia del siglo XXI", según explican fuentes del partido morado a Europa Press.
Podemos ya planteó estas condiciones cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez puso sobre la mesa en septiembre esta reforma, y ahora las mantiene. De hecho, el secretario general 'morado', Pablo Iglesias, llegó a avisar de que si la reforma no afectaba también a los miembros de la Casa Real, Podemos no la apoyaría.
