El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que impulsará una reforma exprés de la Constitución para acabar con los aforamientos. De prosperar la idea (los 3/5 necesarios en Congreso y Senado hacen imprescindible el apoyo del PP), se aplicaría en 60 días.
La idea de suprimir los aforamientos lleva ya varios años presente en la agenda política española, siendo Ciudadanos uno de los partidos que más la ha postulado. Los de Albert Rivera exigían ya eliminar el aforamiento de diputados y senadores en su pacto de 2016 con Pedro Sánchez. Igualmente, en su acuerdo con el PSOE en Andalucía no han dejado de reclamarlo; siendo la respuesta de la Junta que esa reforma tenía que venir desde el Estado.
Este martes, de hecho, está previsto que Ciudadanos someta a votación en el Congreso una moción para urgir al Gobierno a acometer una reforma de la Constitución en tres meses que ponga fin al aforamiento de Gobierno, diputados y senadores.
Hace casi dos años Ciudadanos fue quien impulsó la idea de dejar sin aforamientos a Gobierno, diputados y senadores con vistas a conseguir el apoyo de los cuatro grandes partidos. Sin embargo, Podemos rechazó emprender esta reforma exprés aduciendo que una reforma de la Constitución -con referéndum posterior si lo solicita al menos la décima parte de una Cámara- debería pasar por más cuestiones y no sólo por ésa.
La situación ahora cobra relieve de nuevo cuando el líder del PP, Pablo Casado, aguarda a saber si el Tribunal Supremo le imputa por el caso de su máster. Precisamente el hecho de ser aforado en calidad de diputado, ha salvado hasta ahora al dirigente de 'popular' de estar investigado.
Sin embargo, antes de que el debate político siga sus ritmos, conviene saber qué implica la figura de aforado, cuántos hay en España y a quiénes afectaría la reforma de Sánchez:
¿Qué implica ser aforado?
Un aforado es una persona que, por ejercer un cargo público o por su profesión, goza del derecho, en caso de ser imputado por un delito, de ser juzgado por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano normal, informa Europa Press.
¿Cuál es la justificación?
La razón aducida normalmente es evitar las presiones políticas a las que puede verse sometido un tribunal ordinario cuando juzga a un cargo público de responsabilidad. Se entiende que un tribunal superior es más independiente ante estas presiones.
¿Cuántos aforados hay en España?
En España hay actualmente casi 250.000 aforados, de los que algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, cinco de la Familia Real y el resto -17.603- pertenecen a instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas (políticos, miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, etc.), según la última información aportada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.
¿Quiénes son aforados?
Tienen reconocido este derecho el presidente del Gobierno y los ministros, que serán juzgados por el Tribunal Supremo; los presidentes autonómicos y los consejeros de los ejecutivos de la Comunidades Autónomas, que tienen que ser juzgados por el Tribunal Supremo; los presidentes autonómicos y los consejeros de los ejecutivos de la Comunidades Autónomas, que tienen que ser juzgados por el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia, en función de lo que determinen sus Estatutos de Autonomía.
También en el ámbito político son aforados los presidentes del Congreso y del Senado, los diputados y senadores, los presidentes de los parlamentos autonómicos y sus parlamentarios. Asimismo, tienen condición de aforados el presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, el presidente y consejeros del Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo.
Por su parte, en el ámbito judicial son aforados altos cargos como el presidente del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que responderán , en caso de delito, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, así como todos los jueces, magistrados y fiscales, cuyos procesos penales corresponden a los Tribunales Superiores de Justicia.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen una condición especial de aforamiento, que implica que deben ser juzgados por las Audiencias Provinciales en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.
¿A quién afecta la reforma de Sánchez?
Tal y como ha referido la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, este lunes a varios periodistas, esta reforma afectaría a todos los cargos públicos y por cuestiones privadas, ajenas a su responsabilidades políticas. Esto significa que afectaría a todos los políticos aforados (unos 2.000, el 11% del total). Quedarían fuera los aforados recogidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): los cinco aforados pertenecientes a la Familia Real, los pertenecientes a la carrera judicial, los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los cargos citados de órganos como el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado o el Defensor del Pueblo.
El Gobierno no ha arrojado luz sobre los políticos autonómicos, ya que quitarles el aforamiento requeriría cambiar los Estatutos de Autonomía, como ha señalado el PP criticando la idea de Sánchez. No obstante, parece que la voluntad es ir modificando los mismos (son leyes orgánicas) y poco a poco ir incorporando esta supresión. Ya se ha hecho con Cantabria, Canarias y Murcia.
Tampoco se ha aclarado qué ocurriría por ejemplo con los delitos de corrupción. Al ser cometidos gracias a la posición del cargo, serían investigados por un tribunal de rango superior; echando al traste el impulso regenerador de la reforma.
¿Dónde se recoge este derecho?
La Constitución reconoce el aforo tanto a los miembros del Gobierno (art. 102) como de los diputados y senadores (art. 71), mientras que la Ley Orgánica del Poder Judicial recoge este derecho para los miembros del ámbito judicial como el presidente del Tribunal Supremo y los distintos Estatutos de Autonomía para los cargos de las comunidades autónomas.
¿Es un privilegio o no?
Depende de las versiones. Según los críticos con esta figura sí supone un privilegio, ya que estos cargos no son juzgados por los mismo tribunales que un ciudadano común.
Por contra, los que lo defienden recuerdan que los aforados, al ser juzgados directamente por un tribunal superior, pierden el derecho que tienen todos los ciudadanos a recurrir ante un tribunal superior en caso de que el veredicto del juzgado de primera instancia le haya sido desfavorable.
¿Hay otros países con aforados?
No. Según el Tratado Jurisprudecncia de Aforamientos Procesales, de Juan Luis Gómez Colomer e Iñaki Esparza Leibar, ni en Alemania ni en Reino Unido ni en Estados Unidos hay aforados. Mientras, en Portugal e Italia no existe más aforado que el Presidente de la República. En Francia, sólo son aforados el presidente de la República, el primer ministro y sus ministros.