El Tribunal de Cuentas ha condenado al expresidente catalán Artur Mas y a nueve antiguos miembros de su Govern a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
El tribunal declara "responsables contables directos" de los gastos de fondos públicos que generó la mencionada consulta, por lo que deben hacer frente al pago de los 4,9 millones de forma conjunta y solidaria.
El propio Mas ha cargado contra la sentencia y ha anunciado que recurrirá a la sala de apelaciones. En un comunicado de su oficina de expresidente, ha criticado que la decisión conocida este lunes "se encuentra muy lejos de la imparcialidad y pretende ser un escarmiento" para los que organizaron el 9N y un aviso para navegantes, ha añadido. Los otros ex del Govern acusados también recurrirán.
Los magistrados otorgan a Artur Mas la principal responsabilidad, ya que consideran que él tendría que responder por todos en caso de que los demás no puedan hacer frente al reembolso. El exconsejero de Presidencia Francesc Homs debe responder por casi dos millones de euros que se emplearon para financiar campañas de publicidad institucional, soporte informático, envío de correo postal a los catalanes y el centro de prensa organizado para la cobertura de la consulta.
Mas tendría que responder por todos en caso de que los demás no puedan afrontar el reembolso
Por los medios informáticos también debe responder la exvicepresidenta Joana Ortega y el exsubdirector de Servicios de Governación Luis Beltrán. A Ortega, además, se le considera responsable de un gasto de 865.674 euros que conllevó además la organización de una página web institucional, la fabricación del material para ser empleado en la votación y el seguro de los voluntarios que trabajaron el 9 de noviembre de 2014. Estos dos últimos conceptos también se atribuyen a la ex directora de Servicios de Gobernación Josefina Valls.
Para los magistrados, Irene Rigau, exconsejera de Enseñanza, fue responsables del coste que produjo la adquisición de los 7.000 ordenadores que se usaron en las mesas de votación y el transporte de los mismos a los colegios. Todo ello por un total de 2,8 millones de euros que, al igual que en el resto de partidas, deberán afrontar todos los demandados de forma conjunta y solidaria.
Jordi Vilajoana, quien fuera asesor del expresidente, y el ex director general de Difusión de la Generalitat y actual responsable de Medios Ignasi Genovés también deben responder por la campaña de publicidad institucional. Se les atribuye un gasto de 806.403 euros.
El Tribunal de Cuentas sentencia además al exdirector del DOGC Jaume Domingo por envío de información a los ciudadanos a través de correo postal y a la exdirectora de Servicios de Presidencia Teresa Prohías por otro contrato en relación con la consulta, aunque no especifica cuál.
En septiembre de 2017, el Tribunal de Cuentas reclamó a Mas una fianza de 5,2 millones
En septiembre de 2017, el Tribunal de Cuentas reclamó a Mas una fianza de 5.251.948,17 euros en concepto de reparación del dinero público gastado en la celebración de la consulta del 9N. El expresidente catalán y sus consellers envueltos en el mismo proceso no consiguieron reunir la cantidad estipulada en el plazo dictado por el tribunal. Cuando en diciembre les quedaba aún 2,4 millones por pagar, el órgano dictó el embargo de sus propiedades.
De esos 5,2 millones totales de la fianza, 4.831.599,03 euros corresponden a los gastos derivados de la organización de 9N y 420.349,14 a intereses. El tribunal concretó en el acta de liquidación la parte de responsabilidad de todos los implicados en el juicio por la celebración de la consulta de 2014.
Entidades
