El Tribunal de Cuentas juzga desde este miércoles al expresidente de la Generalitat, Artur Mas y a otros miembros de su Govern por los gastos que generó a las arcas públicas la consulta del 9 de noviembre de 2014 sobre la autodeterminación de Cataluña, para dirimir si incurrieron en algún tipo de responsabilidad contable por el empleo de aquellos fondos.
En concreto, se sientan en el banquillo de este tribunal en la calle Ortega y Gasset de Madrid, Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, el exconsejero de Presidencia Francesc Homs y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau. Todos fueron ya enjuiciados por la organización del 9N, si bien Homs es el único que ha cumplido la condena, dictada por el Supremo dada su condición de aforado, y el resto están pendientes de que ésta sea firme.
El primero en comparecer ha sido el expresident, que ha defendido que los ordenadores portátiles que se utilizaron en las mesas electorales eran para las escuelas catalanas. Además, considera que es "irrelevante" que los 2,8 millones de euros con los que se adquirieron hubieran estado previamente consignados en la partida para el referéndum que anuló el Tribunal Constitucional.
Para Mas no había nada malo en la ese proceso participativo desde el momento en que se convocó en rueda de prensa, su organización se dejó en manos de voluntarios y "durante tres semanas largas el Tribunal Constitucional no dijo nada y el Gobierno español se mofaba" del tipo de consulta que se había convocado. "No me daba miedo nada, como después se demostró", ha asegurado.
"En esas tres semanas sí gastamos un dinero y comprometimos recursos pero en un marco en el que no hay ninguna resolución del Tribunal Constitucional", ha defendido Mas, para incidir en que si el Ejecutivo central no pidió que se paralizase y el Alto Tribunal no tomó medidas en aquel momento es porque "políticamente era lo mismo, pero jurídicamente era completamente distinto" lo que se había convocado.
De hecho, ha argumentado que la convocatoria de un "proceso de participación popular" fue para apagar una "crisis política dentro del movimiento soberanista" tras la anulación de la consulta inicial. "Llegamos a la conclusión de que si no hacíamos caso (al TC), la Administración Pública no sería capaz de organizar bien esa consulta y tuvimos que imaginar y crear nuevos escenarios", ha comentado en relación al 9N, que "descargaba a la administración de la organización" y la dejaba en manos de voluntarios. "Por eso se cambió el nombre", ha apostillado.
Cuando a cinco días del 9N el Constitucional se pronunció anulándolo, surgieron dudas, reconoce
Mas ha señalado que cuando a cinco días de la votación el Constitucional se pronunció anulándola, surgieron dudas que el Govern planteó en un recurso de aclaración para el que "nunca llegó" respuesta, entre las que ha citado "cómo iba a poder obligar a 40.000 voluntarios a suspender algo que estaban haciendo voluntariamente", "qué había que hacer con las fuerzas de seguridad porque movilizarlas podía comportar un gasto" y "qué iba a pasar con todos los contratos hechos y el material producido y los servicios facturados".
"Tuvimos la confirmación definitiva de que no habíamos hecho nada malo cuando en la misma jornada nadie hizo nada para impedirlo", ha enfatizado antes de zanjar: "Ni un solo juez o fiscal actuó para pararla". A la salida del juzgado, ha declarado estar convencido de que la culpa del juicio es del "espíritu de venganza" de Sociedad Civil Catalana.
Antes de comparecer ante el juez, Mas ha reconocido en una entrevista a RNE que no desconvocó la consulta para "evitar males mayores" ante la magnitud que había adquirido la cita y ha recordado que había 40.000 voluntarios preparados.
Sí ha negado haber cometido malversación de cinco millones al no existir prohibición inicial a la consulta por parte del Tribunal Constitucional ni de la Fiscalía. Mas teme por su situación económica y espera que no le arruinen y que su caso se archive: "Nuestras viviendas familiares están en juego", ha dicho.
La exvicepresidenta Ortega afirma que se actuó conforme a la legalidad
En su turno, la exvicepresidenta Joana Ortega ha expresado su "convicción absoluta" de que el 9 de noviembre se actuó de acuerdo a la legalidad. Ortega ha negado que se tratase de una consulta y ha dicho que fue "un proceso participativo" que se desarrolló el 9 de noviembre y los 15 días posteriores. En ese proceso, ha dicho, no hubo censo y sólo intervinieron voluntarios, "no hubo participación de funcionarios públicos".
Ortega ha insistido en que las decisiones que se adoptaron de cara al 9 de noviembre se adoptaron dentro de las competencias asignadas en el Estatut. La exconsellera ha asegurado que todos los expedientes administrativos implicados en este proceso fueron "impecables" y "pasaron todos los filtros de intervención". Por tanto, ha insistido en la "firme convicción" de que "las cosas se hicieron bien" en un momento económicamente muy complicado para la Generalitat.
El proceso del 9N, ha dicho, "era diferente" al de la consulta convocada en septiembre que había sido anulada por el Tribunal Constitucional. De hecho, ha asegurado que en aquella ocasión, dio orden de "paralizar los convenios y sus efectos económicos" en cuanto recibió notificación de la providencia.
"Todos aquellos gastos y contratos vinculados al proceso participativo iban por otras partidas presupuestarias en vigor y con el visto bueno de la intervención", ha destacado, para incidir además en que en la consulta "no se utilizó censo de participación ni ningún órgano electoral" y tampoco participó "ni un sólo" funcionario público, porque fueron todo voluntarios. La votación se prolongó, conforme ha asegurado, dos semanas.
Rigau insiste en que los 7.000 ordenadores eran para colegios
La exconsellera de Educación Rigau, tercera en declarar ante el tribunal, ha asegurado, por su parte, que los cerca de 7.000 portátiles que se adquirieron y estrenaron en la votación eran para el sistema educativo, aunque ha reconocido que en el referéndum inicialmente previsto y anulado por el Tribunal Constitucional este material informático no era necesario.
Asimismo, ha apuntado que "había centros que los habían pedido porque querían avanzar en la digitalización de las aulas" y además, "estaban pedidas las sustituciones por obsolescencia". "Si tú como administración recibes que hay una escuela que dice que pone en marcha plan de digitalización sabes que tienes que satisfacer esa demanda", ha comentado, en relación a la ausencia señalada por el fiscal de un documento que acredite esas demandas.
Sin embargo, en lo referente a los 477 ordenadores que según un informe fechado en 2015, estaban "en stock" y no habían sido distribuidos a las aulas, Rigau ha dicho que desconoce "el dato" y "la cifra exacta" y ha incidido en que, en cualquier caso, "no es extraño que en la propia Administración haya ordenadores para ir dotando". "Desconozco ese dato pero me consta que el departamento actual ha certificado la destinación definitiva de los ordenadores", ha argumentado.
Homs dice que apercibió a los medios que no emitieron cuñas del 9N
El exconseller de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, ha reconocido por su parte que apercibió por escrito a los medios de comunicación que no quisieron emitir las cuñas publicitarias de la consulta del 9 de noviembre de 2014 y ha insistido en que de otro modo, habrían "prevaricado" porque es el compromiso que adquieren las empresas cuando son concesionarias de licencias de radio o televisión. Así, comunicó al Consejo Audiovisual de Cataluña qué medios se negaban a emitir la propaganda porque era su "obligación".
"Las empresas titulares de concesiones radiofónicas o de televisión, en la medida en que son concesionantes, han adquirido la obligación de que en aquellas ocasiones en que decida el Govern que se tienen que proyectar unos pases, lo tengan que hacer. Es un compromiso que adquiere cuando le dan una concesión para que puedan emitir", ha declarado a preguntas de la acusación ejercida por Sociedad Civil Catalana, la Asociación de Abogados Catalanes por la Constitución, la Abogacía del Estado y la Fiscalía.
Según ha dicho, se tomó la decisión de "ordenar a los concesionarios que emitan un spot en virtud del régimen concesional", pero no todos respondieron. "Tengo la obligación de aquellos concesionarios que no emiten mi spot, poner en conocimiento al Consell Audiovisual de Cataluña, que tutela estas concesiones, que estas frecuencias no han cumplido, porque las otras sí lo hicieron, con el requerimiento que había hecho", ha apostillado.
Homs no obstante ha incidido en que nada tiene esto que ver con el procedimiento por responsabilidad contable ya que "este expediente" de emisión publicitaria "fue facturado el 3 de noviembre y con un encargo inicial de 1,2 millones euros" pero cuando el Tribunal Constitucional suspendió la consulta el 4 de noviembre, "no se pudo" ejecutar. "Lo razonable es pensar si acaso, que no se pudo hacer ese encargo inicial, porque de hecho, se facturó por 698.000 euros", ha señalado.
Juicio un año después de la fianza
El juicio tiene lugar un año después de que el Tribunal de Cuentas impusiese una fianza total de 5.251.948,17 euros para garantizar que se reintegre a las arcas públicas el dinero gastado en aquella consulta declarada ilegal, unos fondos que debían pagar de forma subsidiaria los investigados y que como no se abonó en tiempo y forma, fue confiscada en embargos de bienes inmuebles a los afectados.
El Tribunal de Cuentas dividió el coste que considera que supuso la celebración del 9N en varios bloques para calcular esta cantidad y concluyó que Artur Mas figuraba en todos ellos: registro de página web institucional, fabricación de material para ser empleado en la votación y transporte del mismo, adquisición de ordenadores, campaña publicitaria y envío de información, entre otros.
Junto a ellos, serán juzgados por su responsabilidad contable en la financiación de aquella consulta el ex asesor del presidente Mas Jordi Vilalloana, el ex director general de Difusión de la Generalitat y actual responsable de Medios Ignasi Genovés; la ex directora de Servicios de Gobernación Josefina Valls, el subdirector de Servicios de Gobernación, Lluis Bertrán, el director del DOGC, Jaume Domingo y la directora de Servicios de Presidencia, Teresa Prohías.
