El presidente del grupo parlamentario de JxCat, Jordi Sànchez ha rechazado "ser moneda de cambio" de una negociación política para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Menos aún quiero, en mi desdicha como preso y encausado, ser intercambiado por unos cuantos votos para los PGE. No hicimos el referéndum del 1 de octubre para aprobar los presupuestos del Estado", ha expresado en un artículo publicado en La Vanguardia y escrito desde la cárcel donde se encuentra de manera provisional desde hace más de un año a la espera del juicio por el proceso soberanista de 2017 al que el Supremo dio apertura ayer y que añade presión al Gobierno.
"No entiendo la razón ni comparto el hecho de pedir un gesto al Gobierno español a favor de los presos para aprobar los presupuestos de Pedro Sánchez", ha valorado Sànchez, ya que discrepa de la petición de que haya un 'gesto' instando a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado.
Ha añadido que, en su opinión, y también en la del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y en la de miembros del gobierno socialista, "la visibilización ostentosa de esta demanda acabará consiguiendo el efecto contrario de lo que supuestamente busca".
Considera que esta demanda de un gesto, ante "una derecha española extrema e hiperactiva, que sobreactúa diariamente acusando al Gobierno de Sánchez de ser rehén de los soberanistas", puede provocar tres efectos que califica de no deseados: alimentar dicha gesticulación, desincentivar al Gobierno a intervenir y bloquear las posibles modificaciones de oficio de la propia Fiscalía.
"La discreción a menudo es importante, imprescindible, para alcanzar determinados objetivos", ha advertido, si bien se ha mostrado partidario a abordar políticamente el debate sobre los presupuestos del Estado. [El PDeCAT abandona a ERC en el chantaje al Gobierno al desvincular la libertad de los presos del apoyo a los Presupuestos]
Por ello, ha reclamado poner sobre la mesa "cuestiones políticas de calado" exigiendo a Pedro Sánchez que haga una propuesta sobre cómo desbloquear la situación política, que plantee una oferta política de diálogo y que retire los recursos que el Gobierno de Mariano Rajoy llevó al Tribunal Constitucional contra leyes del Parlament.
Sobre su situación, ha reclamado el sobreseimiento de la causa o la absolución: "Y mientras eso no llega, la libertad. Y si al final la Fiscalía pide penas por sedición y no por rebelión, que por favor nadie se engañe. Serán igualmente injustas".
