El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra el proceso independentista en Cataluña, ha insistido este jueves en que la decisión sobre el posible acercamiento a prisiones catalanas de los líderes soberanistas que están en prisión corresponde a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior.
Así lo ha manifestado Llarena en una providencia en la que contesta a la petición cursada por las defensas de Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart de ser trasladados, "por razones de vinculación familiar", a las prisiones de Quatre Camins, Brians II, Girona mujeres y Barcelona mujeres.
En concreto, el magistrado instructor responde a los escritos que han remitido al Supremo los directores de las cárceles donde están encarcelados estos cuatro procesados, Alcalá-Meco y Soto del Real, ya que son Forcadell, Bassa y los 'Jordis' los que han cursado su petición a través del Ministerio del Interior.
"No existe razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto, estando la decisión sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación", explica el juez en su providencia.
Así, el juez ha contestado a las direcciones de Soto del Real, donde están Sánchez y Cuixart, y Alcalá-Meco, donde se encuentran Forcadell y Bassa. Todavía está pendiente de responder a las peticiones que lleguen desde la prisión de Estremera, en la que están encarcelados Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull.
El juez sigue dejando la decisión a Interior, desde donde le preguntan cuándo acabará instrucción
Llarena redunda así en lo que ya expresó el pasado 14 de junio en un auto en el que explicaba, ante la petición de Junqueras y Romeva de medidas penitenciarias menos gravosas, que él no tenía competencia para definir el concreto centro penitenciario en el que deben permanecer.
Con esta nueva aclaración el juez contesta a Interior después de que el Ministerio haya dado hoy el primer paso para acercar a los presos independentistas a Cataluña. Este paso ha consistido en preguntar al magistrado si tiene previstas más diligencias después de que la Sala de lo Penal confirmara ayer el procesamiento del expresident Carles Puigdemont y de los otros 24 investigados en la causa del procés.
La pregunta de Interior supone un trámite inicial que se ajusta a lo que ha defendido el Gobierno desde hace semanas: propiciar este acercamiento una vez finalizase la instrucción con el fin de que los presos estuvieran más cerca de sus familias y estuviesen próximos a sus abogados para preparar mejor la defensa de cara al juicio oral.
La Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Conselleria de Justicia de la Generalitat decidirá a qué prisiones catalanas reubica a los nueve dirigentes políticos soberanistas presos en base principalmente a la elección de cada uno de ellos, si bien puede haber alguna modificación en función de cuestiones logísticas, han indicado fuentes penitenciarias.
Las condiciones que tendrán una vez sean trasladados a una cárcel catalana dependerá de la dirección del centro penitenciario en base al reglamento penitenciario, y las fuentes consultadas han expresado que estarán sujetos a las mismas normas y derechos y al mismo reglamento y ley penitenciaria que el resto de presos.
