El acercamiento de los dirigentes independentistas en prisión preventiva a cárceles de Cataluña se está convirtiendo poco a poco en una de las principales 'patatas calientes' que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que gestionar a los pocos días de constituirse.
Aunque es una demanda que los presos soberanistas llevan meses haciendo, el cambio de Ejecutivo ha agudizado el debate. De un lado están los que piden a Sánchez que permita ya el traslado como medida de gracia para reemprender el diálogo y de otro aquellos que le acusan de haberlo factado con las fuerzas independetistas a cambio de su apoyo en la moción de censura. En medio quedan un Gobierno en una posición más que ambigua y el marasmo burocrático del Estado.
En los siete días que lleva funcionando, el Gobierno -por voz de los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior), Meritxell Batet (Política Territorial) e Isabel Celáa (portavoz)- ha contestado cuando se le ha preguntado que no ve mal este acercamiento, pero que la decisión sobre el mismo queda en manos del juez. El propio Marlaska, ministro del área implicada, ha defendido este jueves que Instituciones Penitenciarias sólo decide cuando hay sentencia firme y no en el caso de prisión preventiva.
"Cuando son presos provisionales están a disposición del órgano judicial, por eso están en cárceles próximas a donde está el órgano judiciales porque mañana le pueden citar a declarar, notificar algo personalmente y no se pueden hacer traslados de un día para otros", ha apuntalado Marlaska su argumentación.
Llarena 'desmonta' al Gobierno
Sin embargo, el magistrado instructor de la causa sobre el procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha desmontado este mantra en un auto en el que aclara que el traslado de presos a otras prisiones es una competencia exclusiva de Interior. Citando el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOGP), el artículo 31 del Reglamento Penitenciario y el artículo 79 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, el magistrado ha querido dejar claro que la ubicación de los presos es algo que queda en manos del nuevo Gobierno.
"El centro directivo tiene competencia exclusiva para decidir, con carácter ordinario o extraordinario, la clasificación y destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios, sin perjuicio de las atribuciones de los Jueces de Vigilancia en materia de clasificación por vía de recurso", reza el artículo 31 del Reglamento Penitenciario, en el que el "centro directivo" es la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y en el que no se distingue entre penados y presos preventivos.
Todo lo más que añade el artículo es que estos traslados decididos por Interior se harán "sin perjuicio de las atribuciones de los Jueces de Vigilancia en materia de clasificación por vía de recurso". Esto quiere decir que el juez puede oponerse a la decisión si la considera perjudicial para la causa o para los derechos del reo, pero siempre después de que la Administración haya decidido.
Además, no sólo estos preceptos legales dejan sin 'excusa' al Gobierno de Sánchez, sino que el hecho de que la instrucción de Llarena se dé por finalizada deja al Ejecutivo sin pretexto, ya que los acusados quedarán únicamente a la espera del juicio oral y por tanto no tendrán que estar cerca del Supremo para comparecer tantas veces como el juez instructor estimase oportuno. Precisamente el líder del PSC, Miquel Iceta, ha abogado esta semana porque los presos queden en libertad provisional hasta el juicio.
Nuevo rumbo en Interior
Aunque el cargo nombrado por el PP Ángel Yuste aún podría tomar una decisión al frente de Instituciones Penitenciarias, su cese será inminente y la responsabilidad recaerá en el equipo que Marlaska configure en Interior y que sólo ha desvelado en parte -ha confirmado a la socialista Ana Botella como secretaria de Estado de Seguridad, pero no a Ángel Luis Ortiz, exasesor jurídico de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, como nuevo responsable de Prisiones-.
Será este organigrama de Marlaska una de las piezas más sensibles del Estado y el encargado de gestionar cualquier movimiento relativo a los presos. Sobre la mesa tendrán las peticiones de traslado de Oriol Junqueras y Raül Romeva alegando desarraigo familiar y recordando que tienen hijos menores de edad.
Por el momento no hay constancia de que Interior haya contactado con Llarena para valorar si se opone o no a este traslado de los presos y, con la instrucción finalizada, es improbable que el magistrado fuese a poner alguna objeción. Fuentes del Ministerio, en todo caso, han difundido esta tarde a algunos medios que no se plantean estos traslados pese a las palabras de Marlaska descartando que hubiera "inconveniente" en "facilitar la vida familiar" de los presos.
Otras informaciones apuntan a que los recelos de Interior provienen de que las competencias en materia penitenciaria en Cataluña están transferidas y dependen del Govern. Una circunstancia que dificultaría el diálogo entre Administraciones y que complicaría aún más la situación. Sea como sea, es el Gobierno de Sánchez quien puede mover ficha, en una dirección u otra.